Ley Karin: la lentitud del derecho a un trabajo digno

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política)

                La Seremi del Trabajo en la Región del Maule compartió recientemente una columna valiosa que invita a reflexionar sobre la implementación de la Ley Karin. Esta conversación es más que necesaria, especialmente para quienes han vivido situaciones de violencia laboral y aún no encuentran respuestas. También para quienes hoy transitan silenciosamente una experiencia hostil, sin condiciones ni apoyo suficiente para priorizar su salud mental y tomar decisiones que les protejan.

En nuestro país, las leyes muchas veces nacen con buenas intenciones, pero se enfrentan con una dura realidad: su implementación suele ser lenta, fragmentada y, en ocasiones, simbólica. Reglamentos que no llegan a tiempo, presupuestos insuficientes, instituciones debilitadas y una comunicación deficiente contribuyen a que muchas normas se transformen en letra muerta. Y esto se vuelve aún más complejo cuando las instituciones encargadas de hacerlas cumplir, como la Inspección del Trabajo, operan con las mismas dotaciones de siempre y una creciente sobrecarga.

En conversación con funcionarios de la propia Inspección del Trabajo, sabemos que, pese a las nuevas exigencias ciudadanas y legales, los recursos siguen siendo escasos y las condiciones laborales no mejoran. Triste realidad para quienes están para apoyar a otros, porque ¿cómo podemos esperar que se vele por el bienestar de otros, si quienes deben fiscalizar no cuentan con un entorno digno para ejercer su labor? al final es un círculo vicioso que impide avanzar hacia un verdadero bienestar laboral.

A este panorama se suma lo que ocurre en el mundo privado, donde también se manifiestan señales preocupantes. En algunos hoteles de Linares, por ejemplo, se observa una alta rotación de personal, cambios constantes en cargos claves, ausencia de planes de retención de talento y jefaturas que no cuentan con herramientas ni formación para liderar adecuadamente. El resultado: ambientes laborales tóxicos que afectan la salud emocional y física de las personas.

Desde mi propia experiencia en el sector público y privado, he visto de cerca jefaturas sin compromiso real con sus equipos, más enfocadas en cumplir formalidades que en generar un impacto positivo. También he estado del otro lado, liderando equipos en contextos complejos. Fue allí donde comprendí lo difícil que es combinar una mano firme con empatía y flexibilidad. Esta vivencia me llevó a especializarme en Psicología Laboral y Desarrollo Organizacional, con la convicción de que sí es posible transformar los espacios de trabajo en lugares más humanos y colaborativos. Pero el entorno lo sigue haciendo difícil.

Sin lugar a dudas no basta con cambiar desde lo individual. Necesitamos revisar las bases culturales que sostienen este modelo. Porque se nos ha enseñado a competir, a tolerar el exceso de trabajo como signo de compromiso, a normalizar el maltrato como parte del camino. Pero urge construir una cultura donde el respeto, la escucha y el trabajo colaborativo sean la norma, no la excepción. Donde el bienestar no sea un beneficio, sino un derecho.

Esta urgencia se vuelve aún más evidente cuando escuchamos lo que ocurre en otras áreas, como la educación pública. Una carta anónima, escrita por un/a docente de Linares, ilustra con crudeza el nivel de violencia y abandono que enfrentan profesores y profesoras:

“En los liceos públicos de Linares agreden a los profesores y todo queda en nada. El año pasado muchos docentes fueron agredidos por estudiantes; manotazos, empujones, garabatos. Una directora fue víctima de aquello. Hace poco, nuevamente dos colegas sufrieron el ultraje de recibir insultos y burlas por parte de sus alumnos. Y esto es solo la punta del iceberg.” “Semanalmente enfrentamos microtráfico, porte de armas blancas y peleas en el horario de salida. El colegio, muchas veces, se transforma en un centro de tratamiento conductual. Existe un miedo, una cobardía, que vicia el aire de la sala de clases.” “La presión social ahogó esta profesión. La vocación es un masoquismo. Los profesores se han transformado en los bufones humillados de una responsabilidad que nadie quiere asumir".

Veremos como el SLEP Los Alamos se hace cargo de esta realidad. Porque cuando una ley como la Ley Karin se presenta como una esperanza para combatir el maltrato, la violencia y el abuso en los espacios laborales, lo mínimo que se espera es que venga acompañada de una implementación efectiva, equipos fortalecidos, tiempos razonables, seguimiento institucional y un compromiso ético desde todos los sectores.

Por eso valoro la columna de la Seremi. Seguramente, por la naturaleza de su cargo, no puede decir todo lo que realmente piensa. Pero intuyo que comparte la convicción de que esta ley no puede transformarse en otra promesa incumplida. Porque la urgencia es real, y la dignidad laboral no puede seguir esperando.

Mientras no se implementen los cambios estructurales que necesitamos, la Ley Karin seguirá siendo un símbolo… pero no una garantía.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).