Lenin Fuentes: “La salud es un derecho que debe estar garantizado constitucionalmente”

Lenin Fuentes Barros: (trabajador social, magíster en políticas públicas y gestión local y coordinador del Comando Apruebo Chile Digno Linares)

                          La ya desahuciada y moribunda constitución del 80 señala en su Art. 19, numeral 9 “…Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones  que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.”

Además señala en la parte final de este articulado  que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.

Esa es toda la referencia que hace la constitución actualmente vigente a la salud de los chilenos y que como podrá revisar el lector no reconoce en ningún momento “la salud como  derecho” y menos garantías que aseguren el derecho propiamente.  Lo que señala como deber PREFERENTE es garantizar la ejecución de  acciones de salud, es decir, que exista  la prestación de salud de acuerdo a la necesidad de la persona que lo requiere. No dice nada respecto a los tiempos y así los usuarios del sistema público pueden morir esperando a que llegue su hora de atención.

Los usuarios del sistema privado y si cuentan con los recursos tiene acceso inmediato a las prestaciones que se requieran, las que son cofinanciadas por su entidad aseguradora (Isapre en la mayoría de los casos).

Señala la constitución que cada persona tiene el derecho a elegir, el sistema de salud al que desee acogerse, lo que es totalmente falso, ya que esto depende exclusivamente del nivel de ingresos que se tenga y de tal forma, una persona que trabaje por el sueldo mínimo o por 500 mil pesos mensuales en promedio no podrá acceder a planes convenientes en el sistema privado de salud y no le  alternativas que mantenerse en el sistema público vía Fonasa y la modalidad que le corresponda, haciendo los copagos establecidos según el tramo al cual pertenezca (Tramos A y B no cancelan  sistema público.  El A solo puede atenderse en la red pública; C y D tienen la posibilidad de libre elección con el respectivo copago).

La pandemia, que nos ha cambiado la vida a tod@s, lo ha hecho con mayor fuerza en quienes han debido enfrentar la enfermedad y lamentablemente han sido hospitalizados, resultando con cifras de copago al momento de recibir su alta médica  que se hacen imposibles de costear. De tal forma, deberemos seguir haciendo rifas y completadas para costear las necesidades de salud de nuestros familiares, amigos y vecinos. Esa es la realidad que vivimos hoy en Chile.

Lo mínimo que podríamos haber esperado del gobierno es presentar a la legislatura iniciativas que permitieran a las personas que pasaron por esta dura prueba de enfrentar el Covid 19, no tener que enfrentar la dura realidad económica que les obligará en muchos casos a recurrir a la solidaridad ciudadana para enfrentar el costo de la enfermedad. Sin duda una prueba más difícil hoy en un contexto de alta cesantía y escaza ayuda estatal.

La nueva constitución, debe garantiza explícitamente el derecho a la salud y la obligación del Estado a dar la prestación y cobertura total, independiente de la enfermedad y de las condiciones económicas de quien la requiera. No decimos con esto que no puedan existir prestadores privados, por el contrario pueden existir todos los que quieran y a ellos puede recurrir quien lo desee y tenga los recursos para cancelar los servicios, sin embargo, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la atención de todos los chilen@s en tiempo y oportunidad según el requerimiento, para lo cual se necesita el fortalecimiento de la red pública, mejorando infraestructura y dotando del personal necesario a las especialidades que se necesiten.

L@s Chilen@s no podemos depender de los recursos con que contemos para saber si tendremos o no cobertura o atención especializada si nos enfermamos.  No podemos depender de la solidaridad de nuestras familias y amigos para costear los tratamientos médicos indispensables para la recuperación de la salud de niños,  jóvenes,  adultos y de nuestros mayores.

Para que la situación actual cambie, es necesario que la nueva constitución establezca como derecho la salud y se fijen  las garantías necesarias para su cumplimiento. Este es un cambio necesario y urgente, así al menos en el mediano plazo las condiciones de salud para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones serán dignas y acorde a sus necesidades.  Ese es el esfuerzo y el compromiso que debemos adquirir quienes vivimos hoy este momento crucial para el futuro de Chile.

El 25 de octubre debemos Aprobar Nueva Constitución y Convención Constitucional por el derecho a la salud¡

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).