Puerta giratoria con uniforme: cuando el Estado se transforma en botín
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"En Chile se nos repite hasta el cansancio el discurso de la meritocracia, el esfuerzo y el sacrificio. Pero basta mirar con un poco de atención para notar que no todos sacrifican lo mismo ni reciben lo mismo del Estado. Hay quienes, tras dejar el uniforme, parecen haber encontrado la fórmula perfecta para seguir chupando teta fiscal, esta vez sin marchar ni rendir honores. El caso de Rodrigo Serrano, ex director de la Escuela de Artillería del Ejército, es un ejemplo brutal de esta lógica. Serrano fue contratado por el Municipio de Linares, y en paralelo decide emprender creando su propia empresa de 'asesoría en desastres y emergencias'. Hasta ahí, alguien podría decir: emprendimiento legítimo. El problema aparece cuando, en la página de dicha empresa, se presenta a SENAPRED como partner", indica en su columna de opinión, Alexis Andrés González Quintanilla
Por Alexis Andrés González Quintanilla
En Chile se nos repite hasta el cansancio el discurso de la meritocracia, el esfuerzo y el sacrificio. Pero basta mirar con un poco de atención para notar que no todos sacrifican lo mismo ni reciben lo mismo del Estado. Hay quienes, tras dejar el uniforme, parecen haber encontrado la fórmula perfecta para seguir chupando teta fiscal, esta vez sin marchar ni rendir honores.
El caso de Rodrigo Serrano, ex director de la Escuela de Artillería del Ejército, es un ejemplo brutal de esta lógica. Serrano fue contratado por el Municipio de Linares, y en paralelo decide emprender creando su propia empresa de “asesoría en desastres y emergencias”. Hasta ahí, alguien podría decir: emprendimiento legítimo. El problema aparece cuando, en la página de dicha empresa, se presenta a SENAPRED como partner.
Hoy, el mismo Rodrigo Serrano es director provincial de SENAPRED Linares.
Es decir, el “emprendimiento” apunta a prestar asesorías precisamente en el área donde hoy ejerce poder público y donde antes ya había trabajado con recursos municipales. Asesorar al Estado, desde el Estado, después de haber sido contratado por el Estado, todo mientras se recibe una jugosa pensión como ex militar y un sueldo como alto cargo público.
No hace falta ser abogado para entender el problema: esto no huele a vocación de servicio, huele a conflicto de interés.
Este no es un caso aislado, es un patrón. Ex militares colonizando cargos civiles estratégicos, especialmente en áreas sensibles como seguridad, emergencias o gestión del riesgo, muchas veces sin concursos transparentes, con redes de contactos intactas y con un sistema previsional que les asegura ingresos que la mayoría de los chilenos jamás verá.
Mientras tanto, nuestros abuelos y abuelas sobreviven con pensiones miserables, haciendo filas eternas para medicamentos, eligiendo entre comer o calefaccionarse. Ellos sí cumplieron su vida laboral completa, cotizaron, aportaron, y aun así el Estado les da la espalda. En contraste, otros se baldean los bolsillos con plata de los contribuyentes, acumulando pensión, sueldo y “emprendimientos” que orbitan el mismo aparato público.
Aquí no se trata de demonizar a una persona, sino de denunciar una estructura de privilegios que sigue intacta. Un Estado capturado por redes cerradas, donde el uniforme se cambia por la corbata, pero el acceso al poder y a los recursos sigue siendo exclusivo.
La pregunta es simple y brutal: ¿para quién trabaja realmente el Estado chileno?
Porque mientras siga funcionando como caja pagadora de élites bien conectadas, hablar de justicia social, probidad y dignidad será solo un discurso vacío.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).
