Linares: un hombre y tres mujeres de nacionalidad paraguaya en prisión preventiva acusados del delito de trata de personas para el comercio sexual
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Se trata de una investigación inédita y sin precedente en el Maule sur. Las víctimas debían pagar por el ingreso al país, la manutención y el alojamiento. De esta forma se retenían sus documentos para ejercer el comercio sexual. Las diligencias fueron lideradas por la fiscal jefe del Ministerio Público de Linares, Carola D'Agostini y personal de la BRITRAP de la Policía De Investigaciones. Hubo operativos en San Fernando, Talca, Linares y Pucón
Autor: septimapaginanoticias.cl
Un hombre y tres mujeres de nacionalidad paraguaya fueron formalizados por el Ministerio Público de Linares por el delito de trata de personas para el comercio sexual.
Lo anterior en el marco de una investigación liderada por la fiscal jefe del Ministerio Público de Linares, Carola D'Agostini Ibáñez y funcionarios de la BRITRAP de la Policía De Investigaciones de Chile.
Se trata de una indagación inédita y sin precedente en el Maule sur que surgió hace poco más de un año cuando la Fiscalía Local de Linares recibió de forma anónima una información que finalmente se convertiría en la punta del iceberg de un caso que permitió ubicar a un total de 19 mujeres que fueron traídas desde Paraguay para ejercer el comercio sexual en Chile.
FISCALES
En este contexto la fiscal D´Agostini reveló que la mayoría de las víctimas fue captada para trabajar en nuestro país como temporera o mucamas, sin saber que terminarían al interior de una casa con diversas restricciones y bajo amenaza.
Las diligencias ordenadas a la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI finalmente permitieron identificar a quienes eran los cabecillas de esta organización criminal y de esta forma allanar domicilios en las Regiones de O´Higgins, Maule y Araucanía.
“Son 19 personas de origen paraguayo y la organización la conforman cuatro personas que el jueves pasaron a control de detención y ayer viernes fueron formalizados en el tribunal de Linares. Las diligencias arrojaron, mediante el propio testimonio de las víctimas, que ellas debían pagar por el ingreso al país, la manutención y el alojamiento y de esta forma se retenían sus documentos para y ejercer el comercio sexual. El procedimiento se realizó en las ciudades de San Fernando, Talca, Linares y Pucón donde se logra ubicar estas casas donde se ejercía la prostitución. Las 19 víctimas están bajo la protección de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Se trata de una investigación que no tiene precedente en la Región del Maule. A los sujetos se les imputó la trata de personas y la asociación para estos efectos quienes también son de origen paraguayo. La ley señala que además de la trata y cuando se han organizado para esto se le impone un pena distinta para ello. Estamos frente a penas de crimen por lo que arriesgan penas sobre los 5 años y un día de prisión”, detalló el fiscal regionales Julio Contardo.
Por su parte el jefe de la PDI en el Maule, prefecto Marcelo Rebolledo explicó que "estamos ante una investigación inédita en la región desarrollada en conjunto entre la Policía de Investigaciones Chile y la Fiscalía de Linares. Es una investigación de origen trasnacional que se inició hace un años pero que se reactivo en marzo de este año cuando tomamos en conocimiento que una pareja de paraguayos que ingresaron el año 2018. El hombre se dio cuenta que se trataba de una actividad lucrativa y comenzaron a involucrarse en esta temática y a reclutar mujeres que traían bajo engaño a nuestro país, supuestamente a desarrollar actividades licitas, principalmente domésticas. Pero una vez que estaban en Chile eran asociadas a la prostitución en diferentes regiones del país. El trabajo en conjunto con la fiscalía nos permitió desarrollar diferentes técnicas investigativas que llevo al éxito de la concreción de este procedimiento”, acotó.
PRISIÓN PREVENTIVA
Tras cerca de dos horas de audiencia la fiscal Carola D’Agostini finalmente logró acreditar cada uno de los hechos investigados y se acogió la petición del Ministerio Público quedando los cuatro imputados en prisión preventiva, con un plazo de investigación de cinco meses. Audiencia que presidió la juez Claudia Olea Tapia.
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