Francisco Pinochet: “Lucha contra la corrupción, una tarea pendiente”

Por Francisco Pinochet (ingeniero agrónomo y máster en responsabilidad social y sostenibilidad )

                                            La corrupción es definida como el abuso de poder para beneficio propio y se ha convertido en una preocupación global de los Estados para avanzar en el fortalecimiento de las democracias y su desarrollo.

A pesar de que sabemos los graves efectos que conlleva, con el tiempo hemos aprendido la forma en que opera, los pocos obstáculos existentes para que termine y las débiles sanciones para los corruptos, enterándonos día a día de nuevos casos y generando en la ciudadanía una sensación de impunidad que nos tiene aburridos.

Recordemos el “Caso Penta” con el financiamiento irregular de la política y los delitos tributarios, en donde sus condenados, Délano y Lavín, terminaron sólo sancionados con clases de ética.

Pero además de esta sensación de impunidad, la corrupción genera mayor desigualdad, desconfianza en los ciudadanos y costos monetarios gigantes.

Según últimos estudios del foro económico mundial, los costos globales de la corrupción son de 2,6 billones de dólares al año, alrededor del 5% del PIB mundial.

La idea de que Chile no era un país corrupto, quedó atrás. Los rankings elaborados por Transparencia internacional, en recientes informes, nos ha situado en el número 27 en la percepción de corrupción, descendiendo varios puestos, situación que debe preocuparnos.

Los últimos hechos protagonizados por personas pertenecientes a distintas instituciones tanto públicas como privadas, como los casos Penta, Soquimich, Carabineros, Fuerzas Armada, PDI y por cierto el caso del convencionalista que inventó un diagnóstico médico con el fin de buscar beneficios personales, son algunos de los tantos hechos que han contribuido a aumentar la percepción de corrupción y han dañado la fe pública.

La situación a nivel municipal, no ha sido muy distinta y hemos sido testigos la última semana de diversos casos de corrupción en municipios de la capital, como Vitacura y Las Condes, pero también de diversas investigaciones en curso en la municipalidad de Linares que, producto de compras irregulares, están siendo investigadas por el Ministerio Público y Contraloría. Y donde, paradójicamente, los involucrados en esas investigaciones hoy son candidatos a una elección popular.

El soborno, el cohecho, la malversación de fondos públicos, fraude al Fisco son algunos de los hechos que más comúnmente persigue el Ministerio Público, sin embargo, dada la débil legislación existente y las pocas atribuciones de las instituciones de control e investigación, existen condiciones favorables para que siga ocurriendo.

 Las consecuencias como siempre las sufre la gente. Estos actos corruptos día a día atentan y deterioran el nivel de vida de los más vulnerables ya que al ser desviados los recursos públicos, los beneficios no llegan a convertirse en beneficios sociales, aumentando la desigualdad y obstaculizando el desarrollo económico nacional y local.

Esto último, nos exige trabajar seriamente en nuestra legislación con distintas medidas y mecanismos de participación que nos permitan erradicar cualquier indicio de corrupción, estableciendo además penas ejemplificadoras para reconstruir las confianzas y fortalecer nuestras instituciones. Para lograr esto, la voluntad política es clave.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).