Eduardo de la Fuente Ceroni: el cierre de calles y pasajes y la responsabilidad municipal
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¿Pero, cómo se protege al 20% de propietarios que no estuvo de acuerdo con la medida de cierre?. ¿Quién será el responsable ante la ley de la operación del cierre en caso de daños, perjuicios o que asalten a alguien al que no se le abrió el portón?, ¿a quién se demanda?, ¿a la junta de vecinos y/o al municipio?. ¿Qué pasará en el caso de cierros automáticos si de “corta la luz” o que estos fallen mecánicamente?. Además de muchas otras dudas que obligan al municipio y sus funcionarios a ser muy estrictos en ceñirse a la normativa. Sin duda que una autorización mal concedida, o esquivando aspectos del reglamento o la ley , debiera dar pie a buscar en tribunales la responsabilidad legal de él o los funcionarios o autoridades que la concedieron.
Por Eduardo de la Fuente Ceroni (ingeniero civil electricista de la Pontificia Universidad Católica de Chile)
En octubre del año pasado se publicó el reglamento de la ley que entrega a las municipalidades la potestad de autorizar el cierre de calles y pasajes; ello a solicitud fundada del 80% de los propietarios de los inmuebles, de sus representantes o moradores autorizados, cuyos accesos se encuentren al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional, urbano o rural, que será objeto de cierre.
Estos cierres sólo se podrán mantener durante un lapso de siete horas continuas, o hasta diez por motivos calificados. Obviamente, dichos vecinos y propietarios preferirán que su cierre o control de acceso funcione en la noche.
Sin duda que la medida será positiva en muchos casos, pero en otros podría favorecer los asaltos y portonazos a quienes intenten ingresar en la noche, al estar obligados a detenerse por un rato en la oscuridad para ingresar al conjunto y a su domicilio.
La autorización municipal tiene que ser cuidadosamente escrutada, esto porque los vecinos interesados son sin duda parte de la fuente electoral del alcalde y los concejales; autoridades que en algunos casos podrían intentar torcer la normativa para favorecer a su base electoral.
Es así como se ha hecho circular un modelo de poder simple para que los arrendatarios puedan manifestarse como “moradores autorizados” sin serlo en realidad, porque la normativa es clara en señalar que dichos moradores deberán actuar en virtud de un título debidamente constituido y este último no es precisamente un poder simple frente a la ley.
Es decir, ese título debidamente constituido debe consignar un poder notarial de él o los propietarios, además del dominio vigente del inmueble.
Por otro lado, en el cómputo del 80% de los propietarios, las municipalidades tendrán que verificar cuidadosamente las situaciones en las cuales podría haber más propietarios que inmuebles, dado que hay inmuebles que tienen más de un propietario.
¿Pero, cómo se protege al 20% de propietarios que no estuvo de acuerdo con la medida de cierre?. ¿Quién será el responsable ante la ley de la operación del cierre en caso de daños, perjuicios o que asalten a alguien al que no se le abrió el portón?, ¿a quién se demanda?, ¿a la junta de vecinos y/o al municipio?. ¿Qué pasará en el caso de cierros automáticos si de “corta la luz” o que estos fallen mecánicamente?. Además de muchas otras dudas que obligan al municipio y sus funcionarios a ser muy estrictos en ceñirse a la normativa.
Sin duda que una autorización mal concedida, o esquivando aspectos del reglamento o la ley , debiera dar pie a buscar en tribunales la responsabilidad legal de él o los funcionarios o autoridades que la concedieron.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).
