Consuelo Veloso Ávila: nuevas herramientas para obtener el pago de pensiones alimenticias: ¿El fin de los papito-corazón?

Por Consuelo Veloso Ávila (candidata a diputada de la lista Apruebo Dignidad por el Maule sur)

                                 Los retiros del 10% de ahorros previsionales sirvieron de antesala para dejar en evidencia una forma de violencia -y abandono- que más allá de su triste habitualidad, deja mes a mes a miles de niños en situación de vulnerabilidad: El incumplimiento de las pensiones de alimentos más popularmente conocidos como los papito-corazón. 

Al respecto, la Corte Suprema de nuestro país afirmo que durante la pandemia se solicitaron aproximadamente 900.000 retenciones de fondos previsionales apropósito de deudas de alimentos. Dichos incumplimientos son una poco conocida forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que también afecta a las madres de los menores quienes deben hacer malabares hasta fin de mes para que nada le falte a sus hijos.

Si bien la ley 14.908, sobre Abandono de Familia y Pensiones Alimenticias contempla diversas medidas de apremio para los padres deudores -arresto nocturno, retención de la licencia de conducir, derechos de uso, habitación o usufructo sobre bienes inmuebles, entre otras- lo cierto es la existencia de un tan abultado número solicitudes dejaron en evidencia un dato que ya todos podíamos prever: Que las medidas de apremio se han vuelto insuficientes. 

Ante dicho escenario, nace la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, instancia que “busca disponer de más mecanismos para que padres paguen los dineros pendientes por concepto de manutención a sus hijas e hijos”. Al respecto, Hernán Larraín, ministro de Justicia, destacó el avance de la normativa, aseverando que "a quienes no paguen sus deudas se les hará la vida imposible".

De esta forma, la nueva ley contemplaría una serie de nuevas herramientas para obtener el pago de los alimentos tales como la retención de préstamos bancarios, la prohibición de vender vehículos o inmuebles en general, la incorporación en un Registro Nacional de Deudores, retenciones de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas, retenciones de pasaportes, limitaciones en ascensos o promociones del personal que trabaje para el estado, no poder adoptar hijos, etc. 

Sin embargo, si ahondamos más en el tema, de acuerdo con datos de la encuesta Casen 2017 -dato que el mismo proyecto de ley cita- en los primeros 3 quintiles de ingreso autónomo se concentra el 75,1% del total de pensiones de alimentos. Dato que evidencia que la mayor cantidad de deudas por alimentos se centran en las familias más pobres de nuestro país. 

Que no se entienda mal, si bien aplaudo la admirable voluntad política de crear más y mejores herramientas para obtener el pago de pensiones -lo cual es un avance muy importante en materia de alimentos- considero que gran parte de estas nuevas herramientas no resolverán la situación de los niños, niñas y adolescentes de esos 3 quintiles más pobres. Dichas medidas no se hacen cargo -por ejemplo- de la realidad de aquella madre soltera, con dos hijos, que vive de allegada en la casa de sus padres en las zonas más rurales de nuestro Maule Sur. 

Si pensamos en la realidad de esa mujer, no podemos evitar preguntarnos ¿es esta ley un real aporte para ella y sus hijos?, ¿Cuántos de esos padres-deudores son directores de sociedades anónimas?, ¿Cuántos trabajan en organismos estatales?, ¿Cuántos de esos padres solicitaran pasaportes para viajar de vacaciones al extranjero?, ¿Cuántos si quiera tendrán la liquidez financiera para pedir un préstamo?, ¿Cuántos aspirarán a adoptar un hijo en el corto plazo? Pareciese ser que la ley solo fue pensada para aquellos deudores con carrera funcionaria, educación, estabilidad y un cuantioso patrimonio, como es el caso del candidato -y deudor- Franco Parisi.

El poder político se niega a entender que en ese 75.1% hay un mundo de personas para las cuales viajar al extranjero o participar en sociedades anónimas son cuestiones completamente ajenas a su realidad, familias sin dinero o que ganan el mínimo, sin vivienda propia, madres con hijos que viven de allegados, cesantes o con trabajos de temporada. 

En este sentido, la magistrada Verónica Vymazal, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial fue clara en señalar ante la Comisión que: Consideramos que aún falta avanzar en mecanismos (…) tal como sería el establecimiento de una pensión mínima garantizada por el Estado, responsabilizándose en Estado de su cobro al alimentante moroso, tal como hemos demandado en presentación hecha ante el Ejecutivo en noviembre de 2019.

Parece que, después de todo, el ministro Larraín estaba en lo cierto: “la vida se hará imposible”, pero no para los padres deudores, sino para todas aquellas madres que deberán seguir haciendo malabares para llegar a fin de mes junto a sus hijos. 

_(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).