Carla Alegría Vásquez: Cuando el bosque arde, arde nuestro modelo de desarrollo

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política)

                   Setecientas hectáreas afectadas desde fines de enero. No es un número abstracto. Es el Cajón del Achibueno. Y en Linares sabemos lo que eso significa.

No es solo paisaje. Es memoria. Es agua. Es identidad. Es refugio. Es cordillera viva. Es el lugar donde muchos aprendimos que la naturaleza no es adorno, sino sustento. Por eso, cuando el fuego aparece, no se quema solo vegetación. Se pone a prueba al Estado. Se pone a prueba la política. Se pone a prueba nuestra coherencia.

Chile tiene historia con el fuego. En los siglos XIX y XX se incendió deliberadamente la Patagonia para abrir paso a la ganadería. El bosque nativo era obstáculo; el pasto, riqueza. Quemar era progreso. Así se construyó parte del sur.

La discusión no es nueva. En la Amazonía, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, los incendios reabrieron el conflicto entre expansión económica y conservación ambiental. En la Patagonia argentina ocurre algo similar cada vez que el fuego coincide sospechosamente con intereses inmobiliarios.

El fuego no es solo un fenómeno natural. Es una expresión cultural. Es una forma de entender el territorio.

Y ahí está la fractura.

Para algunos, proteger un bosque es romanticismo. El desarrollo —dicen— exige intervenir, talar, abrir caminos, rentabilizar. Para otros, el bosque es infraestructura natural: produce agua, regula temperatura, limpia aire, sostiene biodiversidad. Sin bosque, no hay bienestar sostenible. No hay futuro productivo.

Esto no es solo ambientalismo. Es política pública.

En 1973 se creó la Corporación Nacional Forestal para administrar áreas protegidas y combatir incendios. Con el tiempo, el Estado entendió que el bosque no podía quedar solo al mercado.

Pero entender no siempre significa prevenir.

La Contraloría General de la República ha advertido debilidades en planificación preventiva, coordinación y seguimiento de protocolos. No es una acusación ideológica. Es un dato institucional.

En el Achibueno existe categoría de Santuario de la Naturaleza. Pero la protección jurídica, si no va acompañada de gestión permanente, es letra en papel.

¿Dónde están los cortafuegos estratégicos?

¿Dónde está la inversión sistemática en manejo de combustible vegetal?

¿Dónde esta la educación ambiental sostenida?

¿Dónde está el presupuesto acorde al riesgo que impone el cambio climático?

Cuando ocurre un incendio, el debate se reduce a si la reacción fue o no oportuna. Pero esa es la discusión superficial.

La pregunta incómoda es otra:

¿por qué seguimos reaccionando en vez de anticiparnos?

Sí, combatir fuego en cordillera es complejo. La topografía, el viento y la sequía juegan en contra. Nadie desconoce la presión bajo la que operan brigadistas y equipos técnicos. Pero también es evidente que la urgencia política se acelera cuando hay viviendas en riesgo. Cuando lo que arde es bosque nativo, la respuesta se vuelve más técnica y menos visible.

La comunidad lo percibe. Y la percepción importa.

No se trata de buscar culpables individuales. Se trata de asumir una responsabilidad estructural. Porque si cada verano repetimos el mismo libreto —fuego, emergencia, declaraciones, promesas— entonces el problema no es el incendio: es el modelo.

La Patagonia fue transformada bajo la lógica de quemar primero y regular después. La Amazonía sigue tensionada por esa mirada. ¿La cordillera maulina seguirá el mismo camino?

Cuando el bosque arde, arden prioridades.

Arde la coherencia entre discurso y presupuesto.

Arde la planificación de largo plazo. Arde la credibilidad institucional. Aunque el bosque no vota. La comunidad sí lo hace. Y tarde o temprano, también pasa la cuenta.