Yasna Cancino: ¿Nueva Constitución o reformas?

Por Yasna Cancino Rosson (abogada y magíster en derecho)

                                Todo partió en octubre, cuando un alza de 30 pesos en el pasaje, se transformó en la gota que rebalsó el vaso, detonando la más grande protesta social que recordemos. Se exigieron una serie de demandas sociales, con un apoyo transversal de la ciudadanía, pidiendo acceso igualitario al sistema de salud, pensiones dignas, mejor calidad de la educación y en general, mejores condiciones de vida para nuestra población.

La solución política ofrecida desde el Congreso, a la que se plegó el Gobierno, fue el inicio de un proceso constituyente, convocándose a un plebiscito para aprobar o rechazar la redacción de una nueva carta Magna, partiendo desde una hoja en blanco.

Desde entonces y hasta la emergencia sanitaria producida por la Pandemia Covid-19, los partidarios del Apruebo, con entusiasmo y vehemencia nominaron a la Constitución como “la causa de todos los males”. Las malas pensiones, las inhumanas listas de espera y las deficiencias del sistema de salud, la calidad de la educación, el alza del precio del transporte y todo aquello que la sociedad reprocha, era culpa de la Constitución.

Sin embargo, la Pandemia y la urgente necesidad de proteger la salud de la población, ha monopolizado desde marzo pasado la atención de la ciudadanía, mientras el debate constitucional quedó totalmente relegado.

En el nuevo escenario, el gobierno, en uso de las atribuciones que la Constitución le otorgaba, rápidamente tomó el control de la red pública y privada de salud, garantizando la atención de todos los habitantes de Chile. Posteriormente comenzaron a gestionarse los sucesivos paquetes de ayuda: bono Covid, Ingreso Familiar; Ingreso Familiar 2.0; Seguro de cesantía; Protección a los trabajadores independientes; Cajas de Alimentos; Apoyo a las Pymes, y la guinda de la torta: retiro del 10%

Las preguntas que siguen son muy necesarias: ¿Cómo es posible que con una Constitución que, supuestamente, solo protege a los más acaudalados, este país subdesarrollado, llamado Chile, haya podido enfrentar, cual David frente a Goliat, los titánicos desafíos de una Pandemia mundial y evitar la catástrofe humanitaria que el inminente colapso de la red de salud significaba para la población? ¿Cómo es posible que, adicionalmente, se hayan dado ayudas económicas a millones de chilenos que sufrían las consecuencias de la Pandemia?

La respuesta es simple: Porque la Constitución contempla mecanismos para proteger a la población ante situaciones de vulnerabilidad, y no solo eso, contempla incluso mecanismos para ser modificada. Sorpresa! Nuestra Constitución puede adaptarse e ir evolucionando con los tiempos.

Lo ocurrido ha servido como un ejercicio práctico para derribar los mitos construidos en torno a la Constitución, pues esta reconoce el Bien Común como hoja de ruta. Resulta entonces que la Constitución no está diseñada para proteger a una casta económica. La Constitución no impone la propiedad privada por sobre la vida y salud de la población. La Constitución no contiene un dogma de protección a las AFP. En suma, la Constitución pone al Estado al servicio de la persona humana.

¿Porque entonces llegamos al colapso del 18 de Octubre? Porque por muchos años, la casta política utilizó el poder que fue puesto en sus manos, para engrosar el aparataje político. Los cargos en los directorios fueron llenados por compañeros de partidos, familiares y amigos, sin atención a criterios de experticia profesional. Paulatinamente fueron aumentando los sueldos al interior del Estado. Proliferaron los cargos de confianza. En suma, el crecimiento del Estado significó el enriquecimiento de los que detentaban el poder, en desmedro de las necesidades más urgentes de los habitantes del país. El ejemplo más dramático fue el de Dávalos Bachelet en la Moneda, mientras se gestaba el caso Caval.

Esa realidad, que cualquier ciudadano puede percibir y ratificar, nos lleva fácilmente a la siguiente conclusión: la causa de los problemas son los políticos, que han abusado de su poder por casi 40 años. Ese diagnóstico impide que la solución sea sumar a más políticos, porque ello sólo aumenta su poder por sobre los ciudadanos.

Entonces, el camino correcto es fortalecer el poder de la ciudadanía frente al Estado, impulsando reformas constitucionales para disminuir el poder de los políticos, reducir el tamaño del Estado, bajar el gasto político, y en paralelo, dar impulso a la agenda social, redestinando los recursos económicos a la atención de las legítimas demandas de todos los chilenos.

Es de no creerlo, pero la opción del Rechazo, unido a una agenda de Reformas Constitucionales y Legales, es la verdadera aliada de la agenda social.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).