Lenin Fuentes Barros: ¿Legítima defensa privilegiada o licencia para matar?
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El argumento que las policías chilenas “no se atreven” a hacer usos de sus armas de servicios para enfrentar a los delincuentes, no resiste análisis, no obstante, la derecha chilena, propietaria de los grandes conglomerados de comunicación quieren imponer esa falsedad como una verdad absoluta e impulsa una ley que busca liberar de responsabilidad a todo evento a un policía que hace uso de su arma y ocasiona la muerte o deja lesionado a un delincuente. En definitiva, se quiere imponer la impunidad ante un acto de los agentes del Estado que están llamados a brindar seguridad y protección a la ciudadanía y que por lo mismo deben tener mecanismos que evalúen el uso de los medios que todas las chilenas y chilenos ponemos a su disposición para la defensa del bien común.
Por Lenin Fuentes Barros (Trabajador Social, Magíster en Políticas Públicas y Gestión Local. Secretario Regional Maule Sur PCCH - Integrante Mesa Regional Apruebo Dignidad)
El asesinato de la hoy suboficial de carabineros Rita Olivares (ascendida en forma póstuma como lo establece el reglamento intitucional), cambió la agenda comunicacional en el país y por cierto, desata una escalada política de la oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric a objeto de impulsar una agenda legislativa populista y muy lejos de resolver los reales problemas asociados a la delincuencia y la agresividad de los delitos que hoy vive nuestro país.
No hay duda, las sanciones para quien asesina a un carabiner@ o algún agente del Estado cualquiera sea su función y en particular en cumplimiento de su función deben ser ejemplificadoras. Así lo contempla la legislación existente y por eso las sanciones parten desde 15 años al presidio perpetuo.
El argumento que las policías chilenas “no se atreven” a hacer usos de sus armas de servicios para enfrentar a los delincuentes, no resiste análisis, no obstante, la derecha chilena, propietaria de los grandes conglomerados de comunicación quieren imponer esa falsedad como una verdad absoluta e impulsa una ley que busca liberar de responsabilidad a todo evento a un policía que hace uso de su arma y ocasiona la muerte o deja lesionado a un delincuente. En definitiva, se quiere imponer la impunidad ante un acto de los agentes del Estado que están llamados a brindar seguridad y protección a la ciudadanía y que por lo mismo deben tener mecanismos que evalúen el uso de los medios que todas las chilenas y chilenos ponemos a su disposición para la defensa del bien común.
El artículo que intenta imponer la “licencia para matar”, pretende en términos sencillos aliviar la investigación que debe llevarse a cabo en todos partes donde impere el estado de derecho y que evalúa el uso de la fuerza utilizada en un procedimiento y más aun si hay resultado de muerte, trasladando a la víctima el peso de la prueba (si este resultó muerto a un tercero seguramente que puede no saber nada de los hechos). Esto es irracional desde todos los puntos de vistas y sólo tiene cabida en mentes que pretenden establecer un Estado policiaco y de violencia permanente.
Carabineros de Chile si ha presentado un punto muy válido desde mi particular interpretación y que se refiere a que el protocolo que hoy se lleva a cabo para investigar el uso de la fuerza, en muchas ocasiones los inhabilita para seguir ejerciendo la función y en algunos casos incluso sin sueldo. A todas luces, es algo que no está bien ahí y requiere su corrección inmediata, pero de ésto a garantizar impunidad hay siglos de evolución de la humanidad de distancia y demuestra lo cavernaria que es nuestra derecha.
La delincuencia es un flagelo que nos afecta y debemos asumir la responsabilidad para erradicarla y ciertamente, las policías juegan un rol fundamental en la contención y para eso hay que darles herramientas técnicas y operativas para su actuar. No se explica entonces cómo se niegan los recursos contemplados en la rechazada reforma tributaria para el aumento de las 900 plazas de carabineros y recursos para modernizar su equipamiento y especialización.
No se explica cómo, quienes durante su gobierno, no invirtieron en seguridad y prevención, más bien permitieron el establecimiento de bandas criminales en el país hoy increpan al gobierno del presidente Gabriel Boric que ha realizado acciones concretas para enfrentar la delincuencia como la creación de policías especializadas y que a la fecha ha permitido desarticular algunas bandas de crimen organizados que se habían consolidado en el país gracias a la inacción del gobierno de Piñera.
El gobierno, se comprometió a presentar indicaciones en el senado a la ley que se intenta imponer. Dicho sea de paso, el presidente de la comisión de legislación de esa cámara el derechista Felipe Kast, suspendió todas las audiencias y consultas a expertos sobre el tema. No les interesa escuchar la opinión de la academia y del mundo moderno, el que se ha expresado desde la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos calificando de un retroceso histórico en el proceso de consolidación democrática de Chile.
El Estado de derecho debe garantizar la vida de todas y todos. Esperemos que no se imponga el populismo de la derecha por sobre los derechos de todas y todos los chilenos, vistan o no vistan uniforme.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).
