Estas últimas semanas hemos presenciado atónitos la teleserie en la que poderes del Estado han convertido una elección tan trascendente como es la de un o una Fiscal Nacional; asunto de crucial trascendencia cuando al país lo azota permanentemente una delincuencia desatada y fuera de control.
En este asunto tan crítico para Chile, el inefable "lobby" se pasea por todos los pasillos del poder, y genera automáticamente la primera gran pregunta: ¿quién promueve dicho "lobby", acaso la delincuencia, que serían los primeros afectados si la decisión no les conviene?. Pero no, al parecer no son los delincuentes los que promueven el "lobby", por lo que se conoce se trata de actores políticos, de los conocidos de siempre, de los que se mueven estratégicamente entre sus conocidos que son parte del poder, ya sea en sus propios despachos, en reuniones privadas o en eventos sociales.
En primer lugar, el Poder Judicial le presenta al Presidente de la República una quina preparada después de escuchar a los candidatos y candidatas durante tan sólo diez minutos; exiguo intervalo de tiempo para una autoridad tan importante y crucial para el país y que durará en el cargo dos periodos presidenciales, ocho años. Sin duda impresiona la celeridad de una decisión tan importante.
El Presidente recibe una quina así preparada y de inmediato comienza a desatarse en todas las esferas y medios de comunicación la campaña que señala virtudes, defectos, inclinaciones políticas, cuestiones de género, recomendaciones y de cualquier otro antecedente en pro o en contra del o la candidata. Con todo eso el Presidente le propone al Senado su candidato.
El no menos Honorable Senado de la República, después de todos los dimes y diretes que son parte de su actividad, supuestamente en bien del país, toma la acción de moda de este año, RECHAZA al candidato; para que, inmediatamente después de rechazarlo, culpan al Presidente y sus Ministras del rechazo ejecutado por ellos mismos.
Si todo esto no es subrealista, ¿qué es?. Si él o la Fiscal Nacional es el persecutor de delitos, que debiera ser alguien transversalmente aceptado, ¿por qué a los actores políticos tanto le preocupa quién sea el persecutor, acaso delinquen y desean estar protegidos?