Carla Alegría Vásquez: La mentira estratégica del Gobierno sigue adelante

Por Carla Alegría Vásquez (cientista político)

       En política, las leyes también se construyen con palabras. El nombre de un proyecto no solo identifica una iniciativa; también orienta la percepción ciudadana sobre su verdadero alcance. Por eso preocupa que una reforma presentada bajo la idea de la reconstrucción y la reactivación económica termine incorporando modificaciones profundas que exceden ampliamente ese objetivo.

La discusión ya no trata únicamente sobre acelerar inversiones. Lo que está sobre la mesa es una transformación de las reglas del juego en materias tributarias, ambientales y administrativas que podría proyectar sus efectos durante muchos años. Cuando un cambio institucional modifica incentivos, derechos, procedimientos y responsabilidades del Estado, sus consecuencias trascienden al gobierno que lo impulsa y condicionan las decisiones de las futuras administraciones.

Una democracia sana exige transparencia. Si el objetivo es realizar una gran reforma al sistema de permisos, a la institucionalidad ambiental y al régimen de inversión, corresponde decirlo con todas sus letras. La ciudadanía merece debatir el contenido real de las iniciativas y no únicamente el relato comunicacional que las acompaña.

Uno de los aspectos más sensibles se encuentra en materia ambiental. Diversas organizaciones han advertido que las modificaciones propuestas reducirían espacios de participación ciudadana, restringirían los tiempos para reclamar frente a eventuales ilegalidades y entregarían mayores márgenes de discrecionalidad durante la evaluación ambiental. Si esas advertencias se materializan, el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental podría inclinarse peligrosamente hacia el primero.

Especial preocupación genera el tratamiento otorgado a la industria salmonera. Chile ha construido una posición relevante en este sector, pero también ha acumulado una extensa historia de sanciones ambientales, episodios de contaminación, escapes masivos de salmones y conflictos con comunidades locales. Precisamente por ello, cualquier flexibilización regulatoria debería fortalecer los estándares de control y no debilitarlos.

La incorporación del concepto de “micro-relocalizaciones” ilustra este problema. Permitir el desplazamiento de concesiones acuícolas sin una evaluación ambiental integral puede parecer una modificación menor. Sin embargo, en los ecosistemas de fiordos y canales australes, un movimiento de algunos cientos de metros puede significar condiciones oceanográficas completamente distintas, afectar nuevas áreas de biodiversidad o trasladar impactos ambientales hacia ecosistemas que hoy permanecen en buen estado de conservación.

Más aún, cuando una parte importante de estas concesiones fue otorgada sin límite temporal, facilitar su relocalización sin un análisis exhaustivo abre interrogantes legítimas sobre el uso de bienes nacionales de enorme valor ecológico y estratégico.

Los recientes eventos ocurridos en Valdivia vuelven a demostrar que la naturaleza no es un obstáculo para el desarrollo, sino una infraestructura esencial para la seguridad de las ciudades. Durante el último sistema frontal, los humedales actuaron como verdaderas esponjas naturales, reteniendo grandes volúmenes de agua y contribuyendo a disminuir los efectos de las inundaciones. La propia alcaldesa destacó el rol estratégico que cumplen estos ecosistemas y la necesidad de protegerlos como parte de la resiliencia urbana. Esa evidencia contrasta con las señales que se han entregado desde el Ejecutivo respecto de flexibilizar el uso de determinados terrenos para enfrentar el déficit habitacional. Resolver la urgencia de la vivienda es una obligación del Estado, pero hacerlo a costa de ecosistemas que precisamente protegen a las personas frente a desastres naturales sería cambiar una solución de corto plazo por un problema mucho mayor para las próximas generaciones.

La verdadera discusión, entonces, no es si el país debe crecer. La pregunta es cómo queremos crecer y bajo qué reglas. Porque las reformas estructurales no deberían aprobarse escondidas detrás de nombres políticamente atractivos. Si una iniciativa modifica profundamente el modelo de desarrollo del país, corresponde debatirla con honestidad, transparencia y de cara a la ciudadanía.

Las grandes transformaciones requieren legitimidad democrática. Y esa legitimidad comienza cuando el nombre de una ley refleja, con fidelidad, lo que realmente contiene.