Desigualdad en Chile: la urgencia de fortalecer las políticas públicas versus los recortes presupuestarios

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

     Chile continúa siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Si bien en las últimas décadas se han registrado avances en materia de reducción de la pobreza y ampliación de la cobertura de derechos sociales, las profundas brechas en ingresos, acceso a servicios básicos, educación, salud y vivienda siguen marcando la realidad de millones de personas.

En este contexto, las políticas públicas cumplen un rol fundamental. No solo permiten garantizar derechos, sino también corregir las desigualdades que el mercado, por sí solo, es incapaz de resolver. La experiencia internacional demuestra que los países con mejores indicadores de bienestar social son precisamente aquellos que cuentan con Estados capaces de redistribuir recursos, proteger a los sectores más vulnerables e invertir sostenidamente en desarrollo humano. En esa línea, con mayor o menor intensidad han transitado los gobiernos progresistas de nuestro país y en particular los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Por ello, generan preocupación los anuncios de recortes presupuestarios en diversos programas sociales y de apoyo estatal. Aunque la responsabilidad fiscal es un objetivo legítimo y necesario, la reducción de recursos en áreas sensibles puede tener efectos contraproducentes sobre la población que depende de estas prestaciones para satisfacer necesidades básicas o mejorar sus condiciones de vida.

Los recortes suelen afectar con mayor fuerza a quienes ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad: adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, trabajadores informales, estudiantes y familias de menores ingresos. Cuando disminuyen los apoyos públicos, muchas de estas personas ven restringidas sus oportunidades de acceder a servicios, capacitación, subsidios o programas de acompañamiento social.

El riesgo no es solo el aumento de la pobreza monetaria. También existe la posibilidad de profundizar la llamada pobreza multidimensional, aquella que considera carencias en educación, salud, vivienda, seguridad social y participación comunitaria. Una familia puede mantener ingresos por sobre la línea de pobreza, pero sufrir graves dificultades para acceder a derechos fundamentales.

La historia reciente de Chile demuestra que las desigualdades persistentes generan malestar social, desconfianza institucional y debilitamiento de la cohesión comunitaria. Cuando amplios sectores perciben que el crecimiento económico no se traduce en mejoras concretas para sus vidas, aumenta la sensación de exclusión y se erosionan las bases de la convivencia democrática.

Por ello, el debate presupuestario no debe limitarse únicamente a cuánto se gasta, sino también a dónde y para qué se destinan los recursos públicos. La eficiencia del Estado es importante, pero igualmente relevante es evaluar el impacto social de cada decisión. Reducir programas que previenen la exclusión social puede terminar generando costos mayores en el futuro, tanto para las personas afectadas como para el propio Estado.

Chile necesita avanzar hacia una estrategia de desarrollo que combine crecimiento económico con justicia social. Esto implica fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección social, la generación de empleo de calidad, la reducción de brechas territoriales y la garantía efectiva de derechos. La inversión social no debe ser entendida como un gasto prescindible, sino como una herramienta indispensable para construir una sociedad más cohesionada, equitativa y con mayores oportunidades para todos.

En tiempos de restricciones presupuestarias, el desafío de las autoridades no consiste únicamente en equilibrar las cuentas fiscales, sino también en evitar que el ajuste recaiga sobre quienes tienen menos, lo que por el momento no parecía estar ocurriendo. Mas bien se observa que la visión y acción puramente ideológica es la que esta mandando en la conducción del país y poco o nada importan las 700 mil personas que según la FAO pasan hambre en Chile. Poco o nada importan las o los jubilados que después de trabajar sobre los 30 o incluso 40 años se retiran de la vida laborar con pensiones de miseria y se incorporan al segmento de la pobreza en nuestro país y todos los sectores sociales más deprimidos económicamente y que las políticas públicas impulsadas hasta marzo del año 2026 han intentado incluir como una forma de equiparar condiciones mínimas.

Nos enfrentamos de verdad a un proceso regresivo y excluyente sin precedentes. El discurso de la responsabilidad fiscal se desmorona de forma total cuando en la semana el gobierno presenta un proyecto al parlamento para endeudar al país en sobre los 6 mil millones de dólares y no para beneficiar a los grupos sociales más vulnerables o a la clase media que esta pagando el costo del ajuste fiscal impuesto sin discusión democrática. 

La verdadera responsabilidad fiscal y política radica en garantizar que ninguna decisión económica profundice la desigualdad o condene a miles de familias a retroceder en los avances sociales alcanzados durante las últimas décadas. El resto es discurso vacio.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).