Cuando el "Chao Cables" se convierte en "Chao Árboles"

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política, politóloga y experta en desarrollo organizacional y políticas públicas)

                                                En Chile, las ciudades están plagadas de cables en desuso, colgando como telarañas que afean el paisaje y representan un peligro latente. La Ley 'Chao Cables', promulgada en 2019, se presentó como una solución para ordenar el cableado y mejorar la seguridad urbana.

Sin embargo, al implementarse, ha surgido un problema inesperado: la mutilación indiscriminada de árboles bajo el pretexto de despejar las redes eléctricas y de telecomunicaciones.

Recientes denuncias ciudadanas han puesto en evidencia que, en diversas comunas del país, los municipios y empresas responsables han llevado a cabo podas que van más allá del mantenimiento adecuado. En algunos casos, lo que debía ser un retiro de cables ha resultado en la eliminación total de ramas y follaje, dejando árboles irreversiblemente dañados o en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, lo que debió ser una medida de ordenamiento urbano se ha transformado en una amenaza ambiental.

El problema radica en que se carece de un criterio técnico unificado para la poda. Sin embargo, la Subtel sigue considerando que la ley está en vigencia y debería ser suficiente. Lo cierto es que la falta de un reglamento específico para la Ley 'Chao Cables' ha dejado un vacío legal que permite justificar el daño al arbolado urbano con el argumento de mejorar la seguridad del cableado. De tal modo que mientras algunos municipios cuentan con programas de arborización bien estructurados, en otros, las podas se ejecutan sin la supervisión adecuada, afectando la salud de los árboles. Esto genera espacios urbanos menos verdes, con menos sombra y mayor temperatura, deteriorando la calidad de vida de nosotros, los ciudadanos.

Los diputados Donoso y González, representantes de la Región del Maule, advirtieron que el proceso se estaba llevando a cabo sin criterios claros para proteger los árboles ¡¡el año pasado!!. Queda claro que no es una discusión nueva.

Todos los años la noticia es la misma. Una práctica premeditada para los ambientalistas y para la fuerza política militante es simplemente un tema no prioritario para los directores, pues tienen preocupaciones más urgentes que atender antes de las 22:00 horas. Al final, nadie entiende por qué esto no se ha solucionado. Nadie sabe por qué los municipios no asumen un rol más activo en la protección del arbolado urbano, exigiendo a las empresas que realicen intervenciones responsables y aplicando sanciones cuando se atente contra el patrimonio verde de nuestras ciudades. ¿Acaso no hay interés por lograr un equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ambiental? O, más bien, ¿será que los políticos de derecha, centro e izquierda siguen atrapados en su tira y afloja de intereses personales?

Las respuestas parecen evidentes, así que dejaré la pregunta que necesita una respuesta pública: ¿Es CGE y Luzlinares las responsables y por ello serán sancionadas y obligadas a reponer los daños causados con nuevos árboles, o es Servicios Generales del Municipio de Linares quien necesita una reestructuración interna para poner fin a este ciclo que se repite cada año para erradicar la continua impunidad de estos hechos?

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).