Carla Alegría Vásquez: Bypass Talca y la eterna deuda con la participación ciudadana

Carla Alegría Vásquez, cientista política.

Febrero 23, 2025 - 06:20 Actualizado: Febrero 23, 2025 - 06:42

"Hablemos con franqueza. La mayoría de las personas que trabajan largas jornadas llegan a sus hogares agotadas y, pese a la importancia de estos temas, rara vez tienen la energía para revisar un expediente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA). Si le preguntamos a cualquier persona en la calle si sabe cómo revisar un proyecto en el SEA, lo más probable es que la respuesta sea negativa. Sí, hay videos explicativos y líneas telefónicas de consulta, pero la realidad es que el acceso a la información sigue siendo engorroso y muchas veces centralizado en tecnicismos que no facilitan la comprensión para el ciudadano común", expone la columnista de Séptima Página Noticias

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política, politóloga y experta en desarrollo organizacional y políticas públicas)

El debate en torno al proyecto "Bypass Talca" ha vuelto a poner sobre la mesa una de las mayores falencias en la toma de decisiones que afectan a nuestras comunidades: el acceso efectivo a la información y la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental.

El diputado Roberto Celedón ha oficiado a los alcaldes de las siete comunas impactadas por esta obra vial para conocer las instancias de participación ciudadana y los esfuerzos municipales para garantizar que los vecinos puedan expresar sus inquietudes. Su iniciativa es valiosa, pero deja en evidencia un problema estructural que persiste en Chile: las barreras que existen entre la comunidad y la información pública.

Hablemos con franqueza. La mayoría de las personas que trabajan largas jornadas llegan a sus hogares agotadas y, pese a la importancia de estos temas, rara vez tienen la energía para revisar un expediente en el Sistema de Evaluación de impacto Ambiental (SEA). Si le preguntamos a cualquier persona en la calle si sabe cómo revisar un proyecto en el SEA, lo más probable es que la respuesta sea negativa. Sí, hay videos explicativos y líneas telefónicas de consulta, pero la realidad es que el acceso a la información sigue siendo engorroso y muchas veces centralizado en tecnicismos que no facilitan la comprensión para el ciudadano común.

A esto se suma otro factor: el celo con el que algunos sectores manejan la información. Hay ambientalistas que, en lugar de promover la difusión del conocimiento, lo administran con restricciones, generando un círculo de exclusión que impide una discusión más amplia y democrática. El derecho a informarse no debería depender de a quién conoces o de cuánto tiempo tienes para investigar; debería ser un derecho garantizado con mecanismos claros y accesibles.

Por otro lado, los organismos del Estado –llámese Congreso, SEA, municipalidades– tienen una deuda histórica con la ciudadanía en materia de transparencia y participación. La falta de metodologías efectivas para involucrar a la comunidad en la toma de decisiones genera una brecha que favorece la desinformación y la desconfianza. No basta con publicar documentos en plataformas digitales; es necesario articular estrategias que realmente motiven a la gente a involucrarse y a comprender cómo estos proyectos pueden afectar su entorno y calidad de vida.

Para avanzar, necesitamos generar una cultura de colaboración y no de confrontación. Es fundamental que la información fluya de manera clara, que los espacios de participación sean accesibles y que todos los actores involucrados –autoridades, empresas, organizaciones y ciudadanos– trabajen con un objetivo común: que las decisiones se tomen con la participación activa de quienes serán impactados. Porque si a todos nos va bien, entonces a todos nos va bien.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).