La columna de opinión de Carla Alegría Vásquez: Cuando la opinión pública se compra

Por Carla Alegría Vásquez (cientista político)

                                                                                                                             Tener o no simpatía por Evelyn Matthei, a estas alturas, resulta casi secundario.

Se puede estar muy lejos de sus ideas, cuestionar su trayectoria o simplemente no sentirse representado por ella. Pero hay algo que debiera preocuparnos más allá de cualquier sector político: durante su campaña denunció públicamente la existencia de una operación de desprestigio en redes sociales, alimentada por cuentas anónimas, bots y contenidos destinados a instalar determinadas percepciones sobre ella.

Y quizás no le prestamos suficiente atención.

Matthei, además, es mujer. Y como tantas mujeres que han ocupado espacios de poder, ha debido enfrentar una dimensión de la política que rara vez golpea de la misma manera a los hombres: cuestionamientos sobre su carácter, su estabilidad emocional, su apariencia, su edad o su capacidad para ejercer autoridad.

Pero el problema que deja este episodio es bastante más grande que Matthei.

Porque hoy no necesitamos convencer a miles de personas para instalar una idea. Necesitamos convencer al algoritmo de que miles de personas están hablando de ella.

Y eso cambia completamente las reglas del juego.

Un puñado de personas, con suficiente dinero, conocimiento tecnológico y acceso a redes de cuentas falsas, puede fabricar la apariencia de una conversación social. Puede hacer parecer masivo lo que inicialmente era marginal; transformar un rumor en tendencia; repetir una acusación hasta convertirla en sospecha y, eventualmente, hacer que ciudadanos reales comiencen a discutir una mentira como si se tratara de un hecho.

Lo inquietante es que después resulta casi imposible determinar dónde terminó la operación artificial y dónde comenzó la opinión genuina.

Camila Vallejo intentó instalar esta discusión desde el Gobierno y promover medidas frente a la desinformación. Sin embargo, Chile todavía está lejos de contar con herramientas suficientemente robustas para enfrentar un fenómeno que avanza mucho más rápido que nuestra legislación y nuestras instituciones.

Y esto no es solamente un problema chileno.

El Brexit debería bastarnos como advertencia.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea mostró hasta qué punto las campañas políticas modernas pueden combinar enormes recursos económicos, segmentación de electores, publicidad digital y mensajes diseñados específicamente para explotar temores, frustraciones y emociones.

Lo verdaderamente extraordinario es que una campaña dura meses, pero sus consecuencias pueden durar generaciones.

Una década después del referéndum británico, todavía se discuten sus costos económicos, sociales y políticos.
Ese es quizás el punto que más debería preocuparnos.

Las personas que financian una campaña digital pueden desaparecer al día siguiente de una elección. Los bots pueden apagarse. Las cuentas falsas pueden eliminarse. Los asesores pueden viajar a otro país y trabajar para otro candidato.

Pero los ciudadanos permanecen viviendo con las decisiones que ayudaron a provocar.

Y aquí aparece una contradicción incómoda de nuestras democracias.

Una parte importante de quienes habitamos un territorio apenas alcanzamos a comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Trabajamos, criamos hijos, pagamos cuentas, estudiamos, cuidamos familiares y tratamos de sobrevivir a nuestras propias dificultades. Mientras tanto, existen personas y organizaciones cuyo trabajo consiste precisamente en estudiar cómo pensamos, qué nos indigna, qué nos asusta y qué mensaje podría modificar nuestra conducta.

Entre quienes sí comprenden esos mecanismos también existe otra división: están quienes quieren utilizarlos para conseguir poder político o económico y quienes, desde cierto idealismo democrático, intentan denunciarlos, regularlos o contenerlos.

El problema es que estos últimos muchas veces llegan tarde.

Porque una mentira necesita apenas unas horas para recorrer un país, mientras una institución puede necesitar meses para determinar siquiera qué ocurrió.

Por eso reducir esta discusión a si los bots favorecieron a la izquierda o a la derecha sería cometer exactamente el error que quienes utilizan estas herramientas necesitan que cometamos.

Hoy pueden atacar a Matthei.

Mañana pueden atacar a Vallejo.

Después a Kast, Jara, Kaiser o a cualquier persona que incomode determinados intereses.

El nombre finalmente importa menos que el mecanismo.

Una democracia supone que podemos equivocarnos. Podemos votar mal, arrepentirnos, cambiar de opinión y volver a intentarlo cuatro años después.

Lo que nunca contempló la democracia fue que alguien pudiera comprar miles de voces inexistentes para sentarse silenciosamente junto a nosotros mientras decidimos.

Y quizás esa sea una de las preguntas políticas más importantes de nuestro tiempo:

¿Cuánto de lo que creemos que piensa la sociedad es realmente lo que piensa la sociedad?

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).