Francisco Pinochet: ¿Ingreso Familiar de emergencia? ¿Quién puede vivir con $50.000 mensuales?

Por Francisco Pinochet (ingeniero agrónomo y máster en responsabilidad social y sostenibilidad)

                              La crisis mundial y nacional del coronavirus ha dejado al descubierto las fracturas más profundas de nuestra sociedad, la forma en que nos relacionamos y con seguridad, también abrirá grandes discusiones de cara al tipo de sociedad en la que queremos que vivan nuestros hijos e hijas. 

Si el individualismo de la sociedad neoliberal parecía haber inundado cada ámbito de nuestras vidas, hoy pareciera ser que el mejor antídoto para la pandemia es la solidaridad. 

Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos visto en los últimos días, quienes nos gobiernan nos han dejado de manifiesto que el hambre no remueve sus conciencias, y creen que la responsabilidad por salvaguardar derechos mínimos no recae en el Estado y por lo tanto, no ven necesario hacer un mayor esfuerzo en el gasto público.  

La lógica imperante hasta hoy respecto a las “ayudas” está lejos de poner a las personas en el centro, sino que sigue resguardando los intereses de unos pocos. El caso de la ley de protección al empleo es muestra de aquello, bajo la cual, los trabajadores son forzados a recurrir a sus fondos de cesantía, congelando sus contratos por tres meses, cuando es sabido que la crisis sanitaria tiene para mucho tiempo más.

¿Y después?

Por otro lado, el ingreso familiar de emergencia, ley propuesta por el ejecutivo y aprobada recientemente, busca entregar una ayuda económica a las familias afectadas por la crisis.  Este apoyo se traduce en un precario aporte que parte con $65.000 y que en promedio será de $50.000 durante 3 meses. 

Asumir un aporte de estas características en el actual contexto, es asumir que el hambre y la miseria no son responsabilidad del Estado y, por tanto, cada cual debe arreglárselas como pueda. Pero a diferencia de otras crisis, en esta ocasión será imperante que la solidaridad y el comunitarismo deba ser promovido inicialmente desde el Estado.

Asumiendo estos principios, la oposición con la participación de diversos economistas y distintos actores de la sociedad civil propusieron al Ejecutivo, la Renta Básica de Emergencia, buscaba apuntalar los ingresos (sobre la línea de la pobreza) de las personas afectadas, aumentando los aportes por el tiempo que dure la pandemia con la finalidad que las personas más vulnerables no se expusieran a ser contagiadas y pudieran cumplir cuarentenas efectivas. Junto con ello se propuso la suspensión de pago de créditos y servicios básicos como la luz, agua, gas y telefonía.

El costo total de la propuesta ascendería a $ US 3424 (MM), recurriendo a la tercera parte aproximadamente del fondo de estabilización económica y social del Ministerio de Hacienda. Medida que han implementado otros países y que han sido sugeridas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

Pero al igual como se ignoraron las sugerencia y propuestas del Colegio Médico y que hoy el gobierno lamenta no haberlas considerado, la renta Básica de emergencia y demás propuestas tuvieron poco eco en las autoridades, las que han priorizado una improvisada entrega de canastas familiares. Toda ayuda sirve, es cierto, pero lo prioritario y urgente es la transferencia de recursos para que familias puedan quedarse en casa. La incapacidad de escuchar y la soberbia nuevamente está costando vidas.

Ha quedado de manifiesto las últimas semanas, que la crisis sanitaria y social que enfrentamos, requiere entender la necesidad de un cambio de paradigma respecto al rol que debiera tener el Estado, especialmente en momentos de catástrofes; La verdadera protección social se hace un imperativo ético y moral y esta debe ser concebida en un nuevo pacto social.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).