Escándalo en la Fiscalía de Linares: abogada asistente cobraba hasta 500 000 pesos a imputados por cerrar causas
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Claudia del Pino Acuña, se encuentra actualmente con arresto domiliciario. Su esposo Ricardo Vega Guerrero está en prisión preventiva. El próximo 23 de mayo se realizará la preparación de juicio oral. El tema fue relevado por el Programa Punto Provincial de Radio Buena Nueva y www.biobiochile.cl
De acuerdo al documento la mujer titulada en 2005 en la Universidad de Talca fungía como asistente de fiscal en la Fiscalía Local de Linares.
Dentro de sus funciones tenía a su cargo la coordinación de causas de mediana complejidad, de acuerdo con la organización interna de la institución.
Así, describe el escrito, en el ejercicio de sus funciones del Pino debía manejar el sistema informático de apoyo a los persecutores (SAF).
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, en el desempeño de dicho cargo, la servidora pública “ejecutó diversas acciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos investigados en varias causas”. Todo lo anterior a cambio de dinero.
Según estableció la indagatoria que realizó el propio Ministerio Público, la funcionaria contó con el apoyo de su cónyuge, Ricardo Vega Guerrero, actualmente en prisión preventiva. Este último, explica la acusación, era el encargado de solicitar los beneficios económicos a cambio de dar de baja las causas.
Además, a del Pino se le imputa justamente revelar información confidencial a su marido, la que “fue mal utilizada como medio de comisión de delitos”.
El primero de los casos por el que se le acusa a la abogada es por el de Diego Vásquez Riquelme. La fiscalía lo perseguía por el delito de manejo de vehículo en estado de ebriedad. Así, la pareja de del Pino le solicitó al imputado el pago de 400 000 pesos, a cambio de que la mujer terminara la causa.
Vásquez Riquelme aceptó y la asistente de la fiscalía sencillamente recalificó los hechos por un delito diverso que no guardaba relación alguna con la investigación. Una vez consumado el cambio, procedió al archivo provisional, poniendo terminó a la causa.
Lo propio ocurrió en sendas indagatorias por el mismo delito contra Samuel Alarcón Urrutia, Enrique Torres Valenzuela, Rodrigo Guerra Morales, Elías Apablaza Vásquez, Ralph Veloz Rodríguez y Eduardo Antonio Lobos Tapia.
A todos ellos, le cobraron entre 300 000 y 500 000 pesos. El destino en prácticamente todos fue el mismo: recalificar el delito a uno de menor importancia, entre ellos hurtos, para archivar la causa.
En algunos casos incluso engañaron a sus “clientes”. A través de cartas falsas forjadas por ellos mismos, le comunicaban el supuesto fin de las indagatorias. Para ello, falsificó firmas supuestamente de su superior, que eran puestas sobre el logo de la Fiscalía Local de Linares.
Para sustentar su acusación, el Ministerio Público alista la declaración de 41 testigos. Entre ellos figuran al menos cinco de sus “clientes”, además de la fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini, funcionarios policiales y del ente persecutor, entre otros.
A esto, suman evidencias materiales, documentos y otros medios de prueba, entre los que figuran celulares, cuadernos y computadores requisados a los involucrados.
Con todo, el Ministerio Público pidió para del Pino 800 días de presidio menor en su grado medio más una multa de 12 UTM (casi 700 000 pesos) por el delito de obstrucción a la investigación. Ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, por violación de secreto reiterado. Además de 10 de reclusión mayor en su grado mínimo por cohecho para ella y su marido.
La preparación del juicio oral está fijada para el día 23 de mayo próximo.
ABOGADA PRIVADA
La abogada privada Carmen Greco, que defiende a Ricardo Vega, dijo que éste es inocente de los cargos que se le imputan. "Él (Vega) cumplía las instrucciones que le daba su señora", comentó.
