Mariano Rivera Figueroa: programación conservadora y simulación democrática en el proceso constitucional 2023

Mariano Rivera Figueroa: programación conservadora y simulación democrática en el proceso constitucional 2023
Este domingo 07 de mayo hay elecciones de consejeros constituyentes en Chile.

Como fuere, la simulación democrática sigue en curso y “serán las personas comunes y corrientes o no serán”, las que organizadas hagan frente el proceso de fingimiento y develen (quiten el velo) que actualmente tiene el proceso de las élite, cuyo objetivo es cimentar los nuevos referentes de lo aceptable, como conjunto de códigos, de la mano con el marco normativo que consolidará los principios basales de la constitución política mal nacida en la tiranía pinochetista y, perfeccionada durante los gobiernos de post dictadura concertacionista.


Por Mariano Rivera Figueroa (Comunicador, docente, periodista y magíster en sociología)

                                                      En el área de la ciencia informática o “computación”, la programación se entiende como el proceso de creación de un conjunto de instrucciones que permiten a una computadora realizar una tarea específica.  Se trata de un código escrito para que la máquina ejecute un programa determinado, en tanto función (codificación); pero, sobre todo, para garantizar el cumplimiento cabal del objetivo por el cual fue desarrollado, como fundamento y pervivencia de lo programado (decodificación). Para lo anterior, la informática permite instalar modelos y programar un sistema, probado previamente, a partir de dos escenarios distintos: la simulación y la emulación.  

La simulación refiere a un sistema que se comporta similar a otro, pero que en su implementación resulta completamente diferente al original y, si bien posibilita un comportamiento básico e insuficiente, no cumple necesariamente con las reglas de la estructura que pretende imitar. La simulación se expresa en el nivel consciente del usuario, es decir, existe una comprensión cabal de que se está en presencia de una imitación, y se emplea para anticipar resultados de una realidad, sin tocar la realidad misma, sin arriesgar nada.  La emulación, en cambio, representa un sistema cuyo comportamiento es exactamente idéntico a otro, adhiriendo a todas las reglas del sistema que se está igualando. Es, en efecto, una réplica completa de otro sistema, aunque funcione en un entorno diferente al del sistema original.  El proceso de emulación ocurre en un nivel inconsciente de las personas usuarias y su propósito es reemplazar un componente por otro distinto que, en relación con el usuario, funcione como el anterior. En otras palabras, la simulación ocurre en un "mundo paralelo y carente”, mientras que la emulación se desarrolla en un "mundo reemplazado y completo"; guardando la distancia similar a la que se existe entre la simpatía y la empatía, o sea, entre aquello que “se puede imaginar cómo se siente" y eso que realmente "se vive y se sabe cómo se siente".

Simulación democrática del proceso constitucional 2023

Si bien la noción de programación está bastante desarrollada en el ámbito de la informática, no es el único lugar donde se puede observar, por el contrario, bien podríamos hacerla extensiva a diversos planos del a vida en sociedad, a saber, la economía, la política o el Derecho.  Sobre este último, la programación en el mejor de los casos, podría relacionarse con el concepto de recodificación aplicado en el Derecho común, cuyo objetivo es dotar de cohesión doctrinaria a las diversas especificidades (códigos) de una legislación, con un carácter de suyo innovador que incluya todos los Derechos Humanos, “estén o no constitucionalmente protegidos, porque ellos son patrimonio de todos, sin exclusiones o discriminaciones”[1]. No obstante, y a contrapelo, el proceso de constitucional 2023 en Chile no ha logrado representar esa ética y, según encuestadoras y notas de prensa internacional, más de un 62% de la población tiene poca o nada de confianza en el proceso en curso, el cual “no tiene relación con lo que votó la gente el año 2020, que era una convención elegida 100% democráticamente, sin participación de políticos ni congresistas”.

A partir de lo anterior, se puede plantear, y no con pocas razones, que el proceso constitucional chileno 2023 es, en la práctica, un ejercicio de simulación democrática: un “simulacro en medio de la catástrofe” como titulara en su libro en 2017 el sociólogo Felipe Valenzuela.

En primer lugar, la coerción económica -en plena crisis del capital, sus dinámicas y la subjetividad expresadas en las actuales relaciones interpersonales-, funge como un dispositivo que linda con la extorsión, pero que es socializada y mediatizada a través de los medios de información y comunicación de la clase dominante, expresada en una narrativa teñida de responsabilidad y deber cívico.  Nada de entusiasmo, convicción, ni pasión en el sufragio; el proceso huele más a bien a apatía, desesperanza y voto útil: utilidad devenida en escapar del castigo moral, multas y sanciones pecuniarias del Estado neoliberal.

Pero claro, como no se trata sólo del código a programar, sino que de la supervivencia del propósito por el cuál fue creado; la simulación democrática no se agota en la acción electoral del 07 de mayo: “una fiesta de la democracia donde el que gana es Chile”.  En el fondo, detrás de la ignominia del sistema de partidos políticos y de la fetichización del sufragio popular, se erige el verdadero propósito de extraer el poder al poder, arrebatárselo, y construir un poder impotente, es decir, que no pueda.  Nos referimos a un poder que, desde ya, se sabe no podrá transformar las condiciones de vida de las personas en materia de salud, Seguridad Social, educación, entre otros derechos fundamentales vulnerados en el Chile del Siglo XXI.  Un poder sin potestad (legitimidad) y sin potencia (acción).  Un proceso de simulación democrática que se percibe ilegítimo desde su origen por no contar con los requisitos mínimos de participación social (paridad de género, integrantes de naciones prexistentes o PPOO, lista de independientes sin militancia partidaria o integrantes de movimientos sociales), y que al mismo tiempo se sabe estéril, en cuanto al margen de voluntad de transformación que pudiere tener, básicamente, por estar a cargo, en su mayoría, de designados a dedo por el sistema político institucional, también llamada casta o clase política, la cual en 2019 fue significada como parte del problema; y a quiénes bajo ninguna circunstancia se habría confiado la posibilidad de redactar un marco normativo que no invite a saltarse el torniquete nuevamente (#MixtaNo). Un parlamento que goza, o sufre a estas alturas, del 2% de aprobación de la ciudadanía y que busca imponer un proceso constitucional catalogado como un “portonazo a la participación social” por la diputada del distrito N°12 de la RM, Mónica Arce Castro.  Una estratagema para “cerrar desde arriba” y lo que las personas abrieron desde abajo, desde las calles, agrega.

 

Así, con todo, la simulación democrática en curso, que no logra igualarse en una alternativa posible de cambio, sino que imita y reproduce las medidas de lo posible (de lo que se puede) en un escenario conscientemente insuficiente (“los 30 años”).  La simulación y los simuladores de todo el espectro de partidos políticos adscritos al sistema vigente, sobre todos los que se encuentran recién formados o en proceso de formación y que requieren aumentar sus arcas a base del voto individualy secreto, bien parecen clavar sus garras en la esperanza de una población que logró emular en 2022 una posibilidad de constitución política que superara la actual, transitando desde la refundación hacia la refundición del orden conservador, en la deriva también denominada restauración conservadora.  Ésta, mediante el empleo de una narrativa que exalta la inseguridad en condiciones de incertidumbre social, ha logrado reapropiarse de ciertos símbolos y valores como “autoridad” y “experticia”, por parte de una clase hegemónica o dominante que fue sistemáticamente denunciada, imputada y, a veces, condenada por sus dinámicas de acumulación a través de la corrupción y cohecho.  De este modo, se puede comprender con mayor claridad el por qué ciertas instituciones (fuerzas represivas y Senado, por lo pronto) hoy son apreciadas por parte de la población que hace algunos años les llegó a detestar, como mártires o salvadores, y no como los bandoleros de antaño, salpicados por la falta de soberanía y patriotismo.  Si en 2019 el pueblo de Chile decidió tomar los destinos de la nación en sus manos y saberse competente para hacerlo (potencia y potestad), 4 años después serían aquellos manchados por la deshonra los encomendados para desarrollar los cambios, o lo que se interpreten como tales.

Como fuere, la simulación democrática sigue en curso y “serán las personas comunes y corrientes o no serán”, las que organizadas hagan frente el proceso de fingimiento y develen (quiten el velo) que actualmente tiene el proceso de las élite, cuyo objetivo es cimentar los nuevos referentes de lo aceptable, como conjunto de códigos, de la mano con el marco normativo que consolidará los principios basales de la constitución política mal nacida en la tiranía pinochetista y, perfeccionada durante los gobiernos de post dictadura concertacionista.   Lo anterior no será tarea fácil, tomando en cuenta que el escarmiento por la revuelta está aún en desarrollo, a la usanza de sus mecanismos comunicacionales y financieros, específicamente, por la instalación de agendas comunicativas del terror y, materialmente, con la precarización del salario producto de las alzas de precios y costo de la vida: “la guerra económica”.

[1] Gonzalo Figueroa Yáñez. La recodificación del Derecho Civil. Codificación, descodificación y recodificación del Derecho Civil, 2016, p. 108.

 

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).