Una semana que nos remeció

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política)

                         ¡Qué semana! El impacto del combustible ha sido histórico, y no es un tema menor. Podemos estar o no de acuerdo en si se justifica, en quién debe asumirlo o en cómo se gestiona, pero lo cierto es que sus efectos ya se sienten en la vida cotidiana. Y aunque son cuestiones que —si existe voluntad— pueden resolverse cuando se busca el bienestar a largo plazo, hoy la incertidumbre se instala en lo inmediato.

Y cuando pensábamos que ya no podía ser peor, cuando esa incertidumbre parecía haber llegado a un límite, nos enteramos de lo ocurrido en un establecimiento en Calama, cerca de las 10:30 de la mañana del viernes pasado. El fallecimiento de una inspectora, que salió en defensa de otros, nos enfrenta a una realidad que muchos prefieren no mirar. Es una bofetada de intranquilidad, y no hay consuelo suficiente frente a una noticia así.

En lo personal, me toca profundamente. He hecho clases de comunicaciones y educación cívica, hablando de lo valioso que es construir una sociedad basada en derechos y deberes, formando —justamente— a futuras inspectoras e inspectores. Y al conocer esta noticia, recordé de inmediato la cantidad de mensajes que recibo de personas que trabajan en espacios educativos con miedo, con angustia. También recordé rostros de mis propios estudiantes.

Según datos de la Superintendencia de Educación, durante 2025 se recibieron 22.680 denuncias ciudadanas, lo que representa un aumento del 18,7% respecto del año anterior. El ámbito de convivencia educativa concentró el 75,3% de los casos, alcanzando su mayor nivel en el período 2022-2025. Esto también refleja que las comunidades están más informadas sobre sus derechos. Y ahí aparece una tensión evidente: es positivo que se denuncie, pero al mismo tiempo preocupa que exista suficiente evidencia como para sostener este nivel de conflictividad.

Lo que sí está claro es que un número importante de personas dentro de los establecimientos ya no quiere estar ahí. Son trabajadores que no saben cómo salir de ese entorno porque tienen responsabilidades económicas, pero que viven un desgaste emocional constante, hoy agravado por niveles de violencia cada vez más preocupantes. Y, aun así, persisten discursos que reducen la educación a un servicio deficiente o a una simple guardería. Es ahí donde el problema deja de ser abstracto y se vuelve profundamente humano.

También se han impulsado estrategias como la gestión colaborativa de conflictos, que busca promover la mediación y la conciliación como herramientas preventivas. Son avances necesarios, pero todavía insuficientes frente a la magnitud del problema.

Por eso, más que simplificar el debate, me inquieta la complejidad de las comunidades educativas. Pero me desafía aún más la rapidez con la que buscamos culpables: si los directivos están o no preparados, si hay sobrecarga laboral, si existen tensiones políticas que terminan desgastando el sistema. Todo eso puede ser cierto, pero no basta. Aún no vemos pausas reales que permitan abordar el agotamiento, y el contexto país tampoco ayuda a bajar la tensión; por el contrario, muchas veces la incrementa.

Tal vez el desafío más grande hoy no es solo gestionar mejor, sino reconstruir confianzas básicas dentro de estos espacios. Porque sin esa base, cualquier política o medida queda corta. Y la pregunta sigue abierta: ¿cómo lo logramos?

Hoy, a través de esta columna, quiero solidarizar con quienes siguen sosteniendo estos espacios, incluso cuando sienten que están perdiendo la fe en que esto mejore. Entiendo también que cada vez más personas estén cambiando de rumbo, agotadas no solo por este tipo de hechos, sino por muchas otras realidades que cargan en silencio.

Y es aquí donde volvemos al inicio. Porque cuando el costo de la vida sube, cuando la incertidumbre se instala y el desgaste se acumula, la salud mental también se resiente. Aumenta la irritabilidad, la impulsividad, el malestar cotidiano. Y eso, aunque no siempre se diga, también influye en cómo nos tratamos, en cómo convivimos y en cómo reaccionamos.

No podemos normalizar vivir en ese estado. No podemos cerrar los ojos y actuar como si nada pasara. El cuando el miedo entra a la sala de clases —y cuando el malestar se instala en la vida diaria— no solo apremia a lo relacionado a la educación, también considera nuestra la convivencia misma como sociedad, partiendo por los discursos de odio que se están masificando. 

Qué semana tan difícil. No nos queda más que remecernos y evaluar cómo seguimos, porque el mundo no para para que podamos resolver. Esto en palabras sencilla: sigue su curso, y tenemos que prepararnos, porque puede volverse peor.