¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Trabajo!… pero sin derechos

Por Carla Alegría Vásquez (cientista político)

                        A propósito del Día Internacional del Trabajo, cada 1 de mayo se instala como una fecha para conmemorar avances, conquistas y derechos laborales que han marcado la historia. Sin embargo, mientras algunas áreas han logrado progresos concretos, otras siguen esperando respuestas claras. Y es precisamente ahí donde comienza una incomodidad que no podemos seguir postergando.

Hablar de trabajo tiene una línea histórica extensa. Por eso, fijemos un límite funcional: la La base jurídica de los honorarios es el Código Civil de 1855, y su formalización administrativa moderna llegó con la Ley sobre Impuesto a la Renta (Decreto Ley N° 824 de 1974, que actualizó normas de la década de 1960). Desde entonces, este modelo no ha tenido cambios estructurales reales. De hecho el del 2019 a muchos dejo desconforme. Por tanto, el desgaste de quienes exigen cambios ha sido profundo, porque no logra avances reales. Además, y más preocupante aún es la escasez de discursos no politizados que pongan el foco donde realmente importa: en las condiciones laborales de miles de personas que sostienen el funcionamiento del Estado.

Se habla de trabajo como prioridad —lo ha señalado incluso un actual ministro del Gobierno—, pero esas declaraciones pierden fuerza cuando se contrastan con la realidad de más de medio millón de trabajadores a honorarios. Personas que cumplen horarios, responden a jefaturas, se integran a equipos y sostienen funciones permanentes, pero que, en términos legales, siguen siendo tratadas como prestadores externos.

Aquí surge una pregunta incómoda: si existe conciencia del problema, ¿por qué no avanzamos en soluciones reales?

Parte de la respuesta no solo radica en la falta de voluntad política, sino también en un clima de polarización que dificulta acuerdos amplios. Incluso elementos aparentemente menores dan cuenta de ello. Por ejemplo, el uso del término “compañero”, instalado en ciertos espacios como una forma habitual de referirse a colegas, puede parecer irrelevante. Sin embargo, también opera como un lenguaje cargado ideológicamente que, lejos de generar transversalidad, refuerza identidades previas y distancias innecesarias. Cuando el lenguaje delimita pertenencias, también dificulta la construcción de puentes.

El estancamiento interpela a distintos actores. Los sindicatos cumplen un rol relevante, pero en sus manifestaciones públicas muchas veces recurren a códigos excesivamente ideologizados que poco contribuyen a ampliar apoyos. Existe, además, una percepción extendida de dirigencias poco eficientes y de acuerdos con baja incidencia real, lo que termina erosionando la confianza y debilitando su capacidad de incidencia.

Pero no perdamos el foco: el principal responsable sigue siendo el Estado. Ha encontrado en el sistema de honorarios una fórmula funcional que le entrega flexibilidad administrativa y menores costos laborales, manteniendo en una zona gris a trabajadores que, en la práctica, cumplen funciones permanentes. Desconozco la cantidad de trabajadores a honorarios que existe en la zona, pero estoy segura que no son pocos. Y considerando la variabilidad laboral que aqueja a la Provincia de Linares, claramente tomar o no tomar un trabajo ~ pese a la precariedad que entrega este tipo de contratación ~ marca la diferencia para la economía familiar cuando la necesidad es evidente. Usted la toma u otro la tomará.

A ello se suma un actor pocas veces abordado con claridad: el sector privado. Parte del lobby que dificulta transformaciones profundas no proviene únicamente del aparato estatal, sino también de sectores empresariales que observan con cautela cualquier regulación que eleve estándares laborales o aumente obligaciones contractuales. Así, el problema se perpetúa en un escenario donde ninguno de los actores —Estado, sindicatos y empresa privada— logra o quiere empujar cambios estructurales de manera colaborativa.

Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En países como Argentina, México, España o Estados Unidos existen figuras similares para la prestación de servicios independientes. Sin embargo, en muchos de estos contextos hay mayores niveles de fiscalización o límites más claros cuando estas funciones pasan a ser permanentes, lo que pone en perspectiva la magnitud y persistencia del caso chileno.

Por tanto, el problema ya no es técnico. No es que no sepamos qué hacer. El problema es, derechamente, político.

Regular implica asumir costos: aumentar el gasto público, transparentar prácticas históricas y reconocer que durante años se ha sostenido una precarización normalizada. Y eso incomoda. Incomoda al Estado, que perdería flexibilidad. Incomoda a quienes han administrado este sistema como una herramienta funcional. E incomoda también a actores que, atrapados en lógicas de confrontación antes que de colaboración, no logran construir acuerdos efectivos.

Entonces, la pregunta de fondo no es solo por qué no se regula. Es más directa: ¿qué es lo que realmente no se quiere regular?

¿La relación laboral encubierta? ¿La responsabilidad del Estado como empleador? ¿O la necesidad de modernizar un sistema que arrastra inercias desde hace más de cuatro décadas, alimentando además el discurso permanente de que el Estado es, por definición, ineficiente?

Mientras esas preguntas no tengan respuestas honestas, el discurso seguirá girando en torno al trabajo como prioridad, pero sin tocar el núcleo del problema. Y en ese vacío, miles de trabajadores seguirán cumpliendo funciones esenciales sin los derechos que deberían acompañarlos, esperando soluciones que no pueden seguir diluyéndose entre reuniones, diagnósticos y discursos.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).