La pregunta que debemos hacernos es ¿Bien común para quién? Porque si seguimos la ruta de las torres de alta tensión, no nos lleva a las escuelas rurales ni a los hogares populares. Nos lleva directo a los grandes centros industriales, mineros y urbanos, donde la electricidad alimenta la acumulación de riqueza de unos pocos mientras la encarece para las familias de Chile.
Este no es un proyecto de soberanía energética popular. Es un proyecto de infraestructura para el capital, hecho a medida de las grandes empresas generadoras y transmisoras de energía. Se construye sobre territorios que no tienen voz ni voto en las decisiones. Se impone por decreto, por burocracia y por omisión del Estado. Imagínenos, solo por un segundo, si el mismo dinero se invirtiera en soberanía energética y generación distribuida, cuan distinta sería la historia.
El Comité de Ministros, ese órgano que pretende ser árbitro entre economía y medioambiente, ha fallado nuevamente a favor del capital. Validó un trazado que afectará directamente a cientos de comunidades en el Maule, Ñuble y Biobío, sin siquiera garantizar una línea base medioambiental objetiva, ni una evaluación ambiental verdaderamente independiente y mucho menos procesos vinculantes de participación ciudadana.
Esto no es desarrollo. Es despojo. El proyecto no solo pasa por tierras campesinas. También impacta el Parque Nacional Nonguén, un área protegida por el propio Estado. Una vez más, el “interés público” sirve como excusa para arrasar con la biodiversidad, abrir paso a torres y cables, y consolidar un modelo donde la naturaleza es solo mercancía, o un obstáculo para el negocio.
La contradicción es brutal: se proclama la defensa del medio ambiente mientras se autoriza su destrucción en nombre del “crecimiento”. Un crecimiento que destruye y que funciona solo para unos pocos. El relato del gobierno y las empresas se apoya en palabras como “consulta”, “compensación”, “mitigación”. Pero en el terreno, lo que ocurre es una sistemática exclusión de las comunidades, cuya resistencia es criminalizada, silenciada o simplemente ignorada.
No es casualidad que muchas de las zonas afectadas sean comunidades rurales, mapuche o empobrecidas, donde el poder estatal entra solo para reprimir o imponer. Esta “supercarretera” no une al país: lo fractura; no es energía limpia si se impone con violencia; no es progreso si solo beneficia al Gran Capital, destruye territorios y empobrece comunidades.
El desarrollo real no puede construirse sobre los cuerpos y las tierras del pueblo. Y si el Estado insiste en ser operador de las grandes eléctricas, serán las comunidades las que levanten la verdadera resistencia. Porque ya no basta con denunciar. Es tiempo de detener, desobedecer y organizarse desde abajo, porque frente al capitalismo que destruye con disfraz verde, solo pueden pararse las comunidades organizadas y los territorios en lucha.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).
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