Lenin Fuentes Barros: el recorte presupuestario y el costo social en disputa

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

       El anuncio de recortes presupuestarios que alcanzarían a cerca de 260 programas del Estado marca un punto de inflexión en la orientación del gasto público en Chile. Bajo el argumento de la “responsabilidad fiscal” y la necesidad de contener el déficit, el gobierno ha comenzado a desmantelar el Estado. Este “ajuste” (así llamado por el gobierno) no solo reduce cifras en una planilla, que si bien buscara mayor eficiencia nadie podría estar en desacuerdo, sino que reconfigura el alcance mismo de las políticas públicas y su impacto en la vida cotidiana de miles de personas.

De acuerdo con antecedentes conocidos, el Ministerio de Hacienda ha instruido recortes que, en algunos casos, podrían llegar hasta un 15% del financiamiento de programas, afectando transversalmente distintas áreas del Estado. Esta medida se suma a un recorte general del 3% aplicado a la mayoría los ministerios, en el marco de un plan más amplio de este “ajuste fiscal” que busca ahorrar miles de millones de dólares, precisamente recortando las políticas publicas que permiten un poco de dignidad de la gente más lo necesitan en nuestro país.

Más allá de la discusión técnica, el problema central radica en qué programas se recortan y a quiénes afectan. Las propuestas conocidas ya han generado alarma: en educación, por ejemplo, se ha planteado la eventual eliminación o “reformulación” del Programa de Alimentación Escolar, fundamental para miles de estudiantes que dependen de él como principal fuente de alimentación diaria. En paralelo, se proyectan reducciones en fondos de apoyo a la educación pública, debilitando aún más un sistema que ya enfrenta profundas desigualdades.

En el ámbito social, los recortes también golpean directamente a sectores vulnerables. Programas de protección a adultos mayores, asistencia judicial y políticas de desarrollo social figuran entre los potencialmente afectados. Incluso iniciativas dirigidas a pueblos indígenas y comunidades locales podrían desaparecer, como parte de una lógica de “racionalización” del gasto.

El impacto no se limita a lo social inmediato. En áreas como medio ambiente, los recortes afectan programas de prevención, conservación y educación, debilitando capacidades estatales clave para enfrentar crisis ecológicas y territoriales. Se trata, en muchos casos, de programas de bajo costo relativo, pero alto valor estratégico.

La falta de claridad sobre el detalle de los recortes genera aún más incertidumbre. Hemos conocido solo los “titulares” de la noticia. Falta saber las definiciones especificas sobre la intervención o tijeretazo a las políticas públicas y que criterios son los aplicados o justifican este recorte. Lo cierto, que la forma de llevar adelante esta jibarización del Estado es una muestra clara de desprecio a la discusión democrática sobre el rol propiamente tal del Estado y la definición unilateral de restauración del neoliberalismo ochentero y su cruel chorreo que demostró en el mundo su incapacidad para resolver las necesidades mínimas de la gente con su secuela de hambre y miseria en millones de seres humanos.

En este contexto, no es posible abstraerse de lo ocurrido este 1° de Mayo, en que trabajadoras y trabadores organizados y no organizados se manifestaron públicamente en más de 30 ciudades del país, con una contundencia numérica obviamente en la región metropolitana y han señalado su decisión de coordinar un movimiento social y político en defensa de la red de protección pública. 

En síntesis, podemos señalar que los recortes propuestos parecen avanzar en una lógica que prioriza la contención del gasto por sobre la inversión social. En ese camino, está muy claro que el costo será traspasado a quienes dependen del Estado para satisfacer en parte derechos básicos. No se trata solo de cifras, sino de acceso a alimentación, educación, justicia y protección social, 

El debate sobre los 260 programas no puede ser meramente presupuestario. Es una discusión sobre el rol del Estado y sobre el tipo de sociedad que se busca construir. Porque cuando se recortan programas sociales, lo que está en juego no es solo el gasto público, sino las condiciones de vida de millones de chilenas y chilenos.

_El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias.