La contradicción de la derecha frente al secreto bancario: el que nada hace, nada teme

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

              En los últimos años, la seguridad pública se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía chilena. El avance del crimen organizado, la expansión del narcotráfico en barrios y poblaciones, y el aumento de delitos asociados a estas redes han generado una legítima demanda por respuestas eficaces del Estado. Sin embargo, cuando llega el momento de adoptar herramientas concretas para perseguir a las organizaciones criminales, aparecen contradicciones difíciles de explicar. Así lo vivimos recién la semana pasada, en que en el contexto del proyecto de ley que crea el “Subsistema de Inteligencia Economía”, la derecha hoy gobernante, articulada políticamente vota en contra de la posibilidad de levantar el secreto bancario por vía administrativa, es decir, permitirle al ministerio publico indagar la ruta del dinero en casos fundados de sospecha de acción del narcotráfico o crimen organizado.

La negativa de los partidos de derecha a flexibilizar el levantamiento del secreto bancario constituye uno de los ejemplos más evidentes de incoherencia. Mientras se promueven discursos de mano dura, aumento de penas y mayores facultades policiales, se rechaza una de las herramientas más utilizadas a nivel internacional para desarticular las estructuras financieras que sostienen al narcotráfico.

La experiencia comparada demuestra que las organizaciones criminales no caen principalmente por la persecución de los pequeños traficantes o por el aumento de las penas. Lo que verdaderamente debilita a estas redes es atacar su patrimonio, identificar sus flujos financieros y confiscar los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

La estrategia conocida como "seguir la ruta del dinero" se ha convertido en un estándar mundial en la lucha contra el crimen organizado. Países como Estados Unidos, Italia, España, Reino Unido y Canadá han fortalecido durante décadas los mecanismos de acceso a información financiera bajo control judicial, permitiendo detectar operaciones sospechosas, redes de lavado de activos y estructuras económicas utilizadas por el narcotráfico.

La experiencia italiana resulta especialmente ilustrativa. El combate contra la mafia no se logró únicamente mediante la persecución penal de sus integrantes, sino también a través del rastreo de sus activos, cuentas bancarias, empresas de fachada y operaciones financieras. Golpear el bolsillo de las organizaciones criminales demostró ser mucho más efectivo que perseguir exclusivamente a quienes ejecutaban los delitos en terreno.

Algo similar ocurrió en Estados Unidos con las investigaciones contra los grandes carteles de la droga. La intervención de organismos especializados en delitos financieros permitió identificar complejas redes de lavado de dinero que operaban a través de bancos, sociedades comerciales y paraísos fiscales. La persecución patrimonial se transformó en un componente esencial de la estrategia de seguridad.

Por ello resulta llamativo que quienes con mayor fuerza exigen combatir el narcotráfico sean, al mismo tiempo, los más reticentes a facilitar el acceso a información bancaria bajo supervisión judicial. La pregunta es inevitable: si el dinero es el combustible que alimenta al crimen organizado, ¿por qué dificultar las herramientas destinadas a rastrearlo?

Los defensores de mantener restricciones extremas al levantamiento del secreto bancario suelen argumentar la necesidad de proteger la privacidad de las personas. Sin embargo, la discusión no se refiere a eliminar garantías ni a permitir accesos indiscriminados a la información financiera de los ciudadanos. Lo que se propone es fortalecer las facultades investigativas del Estado en el marco de investigaciones fundadas y sujetas al control de tribunales de justicia.

En una democracia moderna, la protección de los derechos individuales debe convivir con la capacidad del Estado para perseguir delitos complejos. Nadie cuestiona que una orden judicial pueda autorizar interceptaciones telefónicas o allanamientos cuando existen antecedentes suficientes. Del mismo modo, acceder a información bancaria bajo control judicial constituye una herramienta legítima cuando se investiga lavado de activos, corrupción, evasión tributaria o narcotráfico.

La resistencia para avanzar en esta materia termina generando una señal contradictoria para la ciudadanía que mayoritariamente apoya el levantamiento del secreto bancario. El 83% según Cadem del 11 de junio considera necesaria esta facultad sin la autorización de un tribunal.

Mientras se endurece el discurso contra la delincuencia, se mantienen obstáculos que dificultan investigar el corazón financiero de las organizaciones criminales. El resultado es que muchas veces se persigue al eslabón más débil de la cadena mientras quienes administran millones de pesos provenientes de actividades ilícitas continúan operando con relativa impunidad.

La lucha contra el narcotráfico exige coherencia. No basta con exigir más cárceles, más policías o penas más altas. También es necesario dotar al Estado de herramientas modernas para seguir el dinero, detectar operaciones sospechosas y desarticular las estructuras económicas que permiten a las bandas criminales expandir su influencia.

Si realmente se quiere combatir al crimen organizado, el debate no puede centrarse únicamente en la represión visible. La experiencia internacional demuestra que la clave está en perseguir los recursos financieros de las organizaciones delictuales. Negarse a fortalecer esos mecanismos equivale a combatir los síntomas mientras se protege, consciente o inconscientemente, la fuente que mantiene vivo el problema.

Porque el narcotráfico no se sostiene por las armas que exhibe ni por el miedo que genera. Se sostiene por el dinero que mueve. Y quien no está dispuesto a seguir la ruta del dinero difícilmente podrá afirmar que está dispuesto a derrotar al crimen organizado.

Tal cual dice el refrán popular, el que nada hace, nada teme. Bien valdría la pena preguntar a los senadores Balladares, Vial y Urrutia representantes de nuestro territorio y que respaldan el secreto bancario ¿a qué le temen?.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).