La columna de opinión de Lenin Fuentes Barros: Chile y la provincia de Linares frente a una emergencia que exige respuestas urgentes y de verdad porque la cesantía tiene rostro humano

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

       Detrás de cada porcentaje de desempleo hay una persona, una familia y un proyecto de vida que se ve amenazado. La provincia de Linares enfrenta una situación particularmente preocupante, que obliga a las autoridades nacionales, regionales y, especialmente, a los municipios a dejar de mirar las cifras como simples estadísticas y asumir la cesantía como una emergencia social.

La cesantía ha dejado de ser solamente un indicador económico para convertirse en una de las preocupaciones más urgentes de miles de familias chilenas. Cuando una persona pierde su trabajo, no pierde únicamente un sueldo: pierde seguridad, tranquilidad, autonomía y, muchas veces, la posibilidad de cumplir con compromisos tan elementales como pagar el arriendo, comprar alimentos, mantener a sus hijos estudiando o enfrentar los gastos de salud.

Las cifras conocidas el 29 de octubre de 2026 son una señal de alarma. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile alcanzó una tasa de desocupación del 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. En términos absolutos, las personas desocupadas aumentaron un 15,3% en doce meses.

No estamos hablando de una diferencia estadística sin consecuencias. Estamos hablando de miles de hogares que enfrentan incertidumbre, de trabajadores que recorren las calles buscando una oportunidad, de mujeres que deben multiplicar sus esfuerzos para sostener económicamente a sus familias y de jóvenes que, pese a sus estudios y preparación, no encuentran dónde comenzar su vida laboral.

La cesantía tiene rostro, tiene nombre y tiene historia. Y ese rostro está presente en nuestros barrios, poblaciones y sectores rurales.

La pérdida del empleo tiene consecuencias que van mucho más allá de la disminución de los ingresos. Es una experiencia que golpea la dignidad de las personas y altera profundamente la vida familiar.

Para quien queda cesante, cada día sin trabajo puede transformarse en una carga emocional. Aparecen la angustia, la frustración, la incertidumbre y, en muchos casos, sentimientos de culpa por no poder responder a las necesidades del hogar. Hay hombres y mujeres que han trabajado toda su vida y que, de pronto, se ven obligados a depender de sus familiares o a pedir ayuda para cubrir necesidades básicas.

En las familias, el impacto se multiplica. Se postergan tratamientos médicos, se reducen los gastos de alimentación, se atrasan las cuentas y se acumulan deudas. Los niños y adolescentes también sienten las consecuencias, aunque muchas veces no comprendan completamente lo que ocurre. Perciben la preocupación de sus padres, los cambios en las rutinas y las dificultades para acceder a bienes y actividades que antes eran parte de su vida cotidiana.

La cesantía también puede deteriorar las relaciones familiares, generar conflictos, afectar la salud mental y producir aislamiento social. Quienes pierden su fuente laboral no solamente enfrentan el problema de encontrar un nuevo empleo: también deben luchar contra la sensación de haber perdido su lugar en la sociedad.

Hay, además, una dimensión social que no podemos ignorar. Cuando miles de personas dejan de percibir ingresos, disminuye el consumo, se resienten los pequeños comercios, los emprendimientos familiares y los servicios locales. La crisis del empleo termina afectando al conjunto de la comunidad.

Frente a esta realidad, los municipios tienen una responsabilidad social y política que no pueden eludir.

Es cierto que las municipalidades no tienen la capacidad de resolver por sí solas un problema estructural del mercado laboral ni pueden sustituir las responsabilidades del Gobierno central. Sin embargo, son las instituciones públicas que están más cerca de las familias y conocen directamente las necesidades de sus territorios.

Por eso, los municipios de la provincia de Linares podrían asumir un papel activo en la construcción de una red de protección de emergencia para las personas cesantes.

No basta con tener oficinas de intermediación laboral, entregar información sobre ofertas de trabajo o desarrollar cursos de capacitación. Todo eso es necesario, pero resulta insuficiente cuando una familia no tiene dinero para comprar alimentos o cuando una persona lleva meses sin encontrar empleo.

Se necesita una política municipal de emergencia social en la que la ayuda no dependa de la voluntad ocasional de una autoridad o de la capacidad de presión de una organización. Debe convertirse en una política pública con criterios claros, recursos y continuidad.

Recientemente y en el contexto de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile, hemos propuesto algunas medidas urgentes para este oscuro periodo, entre las que destacan, por ejemplo;

Presupuesto nacional; que este se transforme en un proceso reactivador y que reponga programas sociales y que consolide derechos sociales adquiridos.

Un plan nacional para crear 500 mil empleos entre 2027 y 2029. Se propone impulsar la inversión pública intensiva en trabajo asalariado, con especial énfasis en la reactivación del tejido productivo y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta contempla una inversión de 16,4 billones de pesos.

Un Ingreso Familiar de Emergencia para las familias afectadas por la cesantía. Se plantea una ayuda económica durante tres meses, equivalente a la mitad de un salario mínimo, destinada a los hogares que enfrentan las consecuencias más graves del desempleo. La idea es evitar que la pérdida del trabajo se traduzca inmediatamente en hambre, endeudamiento y deterioro de las condiciones de vida.

Avanzar hacia un salario vital. Se busca que las remuneraciones permitan cubrir las necesidades de una familia trabajadora y que ningún hogar deba vivir bajo la línea de la pobreza pese a contar con integrantes ocupados.

Impulsar la construcción de viviendas y la inversión pública. El planteamiento considera enfrentar el déficit habitacional mediante un banco público de suelo, cooperativas y arriendo protegido, generando al mismo tiempo actividad económica y puestos de trabajo.

Apoyar el primer empleo y la contratación de mujeres y jóvenes. Se propone fortalecer los subsidios al empleo para estos grupos, promoviendo su incorporación al mercado laboral y enfrentando las desigualdades que dificultan su participación.

Resolver el endeudamiento educativo y fortalecer los programas sociales. Se plantea abordar las dificultades económicas de quienes arrastran deudas por sus estudios y reponer programas sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias.

Naturalmente, estas propuestas deben ser debatidas, evaluadas en su financiamiento y transformadas en políticas concretas. Pero tienen el mérito de situar la protección de los trabajadores y sus familias en el centro de la discusión económica.

Las cifras de desempleo de nuestra provincia deberían provocar una reacción mucho más decidida de las autoridades. No podemos acostumbrarnos a que miles de personas estén sin trabajo ni aceptar que la cesantía se convierta en una realidad permanente para determinados sectores de la población.

Hay que comprender que una familia que enfrenta la cesantía no puede esperar seis meses a que llegue una solución estructural. Necesita comer hoy, pagar sus cuentas hoy y tener la esperanza de encontrar un trabajo mañana.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).