Experto planteó que justicia tributaria exige recaudar y redistribuir recursos

Fuente: Comunicaciones UTalca. Autor: septimapaginanoticias.cl

                         La justicia de un sistema tributario no depende únicamente de cuánto dinero logra recaudar el Estado. Según el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Claudio Riveros Ferrada, “un sistema tributario justo es un sistema que siempre tiene dos componentes, tanto recaudatorio como el componente redistributivo”.

Riveros planteó que, dependiendo del período analizado, el 1 % más rico concentraría entre un 40 % y un 50 % de la riqueza y cerca de un 30 % de los ingresos. Para el especialista, estos antecedentes refuerzan la necesidad de evaluar no solo la capacidad recaudatoria del sistema, sino también su función redistributiva.

El académico también sostuvo que Chile recauda alrededor de un 20 % del Producto Interno Bruto en impuestos, frente a aproximadamente un 34 % promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese contexto, añadió el especialista, entre un 45 % y un 50 % de la recaudación chilena provendría del IVA, mientras que en la OCDE esa proporción sería algo superior al 20 %. Es decir, el sistema impositivo chileno se caracteriza por su regresividad.

Riveros viene abordando estos temas en sus líneas de investigación, teniendo como base la sociología económica y fiscal, campo que permite estudiar los impuestos no solo como una obligación legal o una decisión económica individual, sino también desde las normas sociales y las percepciones de justicia que influyen en el cumplimiento. En este ámbito, uno de los conceptos centrales es la denominada moral tributaria.

Según explicó el investigador, la disposición a pagar impuestos puede relacionarse con factores como la reciprocidad, el altruismo, el cumplimiento de las normas o la presión social. Por eso, “lo que importa es entender la cultura tributaria en su componente fundamental, que es la moral tributaria, vale decir, la motivación intrínseca que tiene un ciudadano o ciudadana para pagar impuestos”, señaló.

Desde esta perspectiva, la forma en que una sociedad valora el cumplimiento tributario o normaliza determinadas conductas de incumplimiento también puede influir en la legitimidad del sistema.  Para dar cuenta de este fenómeno, Riveros citó antecedentes del Servicio de Impuestos Internos según los cuales el incumplimiento tributario alcanzaría un 46,4 % en el impuesto de primera categoría, un 18,9 % en IVA y un 45,3 % en rentas personales. Para el investigador, estas cifras permiten observar que el debate tributario no solo debe concentrarse en la recaudación sino también en quiénes cumplen, quiénes no y cómo se distribuye efectivamente la carga.

En paralelo, el académico ha estudiado cómo distintos actores empresariales justifican sus posiciones frente a los impuestos y las reformas tributarias. Su trabajo considera análisis de discursos públicos, documentos y entrevistas para examinar diferencias entre grandes empresarios y mipymes y las formas en que estos grupos argumentan sus posiciones frente a la tributación.

En el caso de los grandes empresarios, el académico identificó respuestas discursivas frente a reformas económicas que pueden operar mediante el contraataque, el temor a posibles consecuencias y el distanciamiento respecto del problema planteado. El investigador también analizó cómo aparecen en estos discursos conceptos asociados al crecimiento económico, la inversión y el papel que debe asumir el sector privado en el financiamiento público. En este contexto, el profesor Riveros destacó que el gasto tributario asociado a exenciones alcanzaría alrededor de US$6.500 millones.

Para finalizar, Riveros indicó que estas líneas de investigación, agrupadas en su proyecto Fondecyt “Grandes empresarios y MiPymes: un análisis de sus justificaciones respecto de los impuestos (2014-2024)”, permiten ampliar el debate tributario sobre la recaudación del Estado y cómo se distribuye la carga, qué legitimidad tiene el sistema y qué condiciones sociales favorecen una mayor disposición al cumplimiento.