¿Qué es una asamblea constituyente?

                                   Por estos días el concepto “asamblea constituyente” se ha apoderado de las marchas y el movimiento social en nuestro país y obviamente que en Linares.

Una asamblea o convención constituyente o constitucionales una reunión nacional de representantes populares que asumen el único objetivo acordar reglas, que en el futuro, regirán la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social.

Una asamblea o congreso constituyente es un organismo de representantes colegiados que tiene como función redactar la nueva constitución dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. ​ Se suele definir, por algunos textos de ciencias políticas y sociales, como la "reunión de personas, que simbolizan el pueblo ejerciendo su autoridad de mandatario, que tienen a su cargo ejercer la facultad de legislar, para editar una nueva ley fundamental y las nuevas líneas de la organización de un Estado, que modificarán los prototipos ya existentes". En este entendido, la asamblea constituyente se constituye en un mecanismo popular y democrático, para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional y de organización del Estado.

No se trata de generar enmiendas constitucionales propias de las funciones de los parlamentos, sino de transformaciones radicales, orientadas al cambio de sus estructuras básicas.

OPINIÓN

Manuel Cabieses en el Diario de la Universidad de Chile escribió sobre la importancia de una Asamblea Constituyente para Chile.

Su columna señala que :

La dimensión y profundidad de la crisis social y política que está viviendo Chile no la va a solucionar la rebaja de tarifas del transporte público, como pretenden el Gobierno y casi toda la “clase política”.

La crisis es mucho más profunda y abarca amplios sectores sociales. Se trata de una rebelión contra la oligarquía y sus privilegios. El país modelo del neoliberalismo en América Latina está naufragando.

El detonante fue el alza del pasaje del Metro de Santiago. Los estudiantes secundarios -como otras veces en nuestra historia- se pusieron a la cabeza del rechazo a este abuso a los miserables salarios de las familias trabajadoras. El gesto de los estudiantes despertó un volcán social cuya furia -a veces ciega y terrible- se ha desatado en el país. Lo que está ocurriendo en ciudades y pueblos -donde ni siquiera hay Metro- nada tiene que ver con el tema original. Va mucho más allá y abarca reivindicaciones sociales y políticas postergadas por casi medio siglo.

Lo que sucede tiene todas las características de una insurrección popular, espontánea y sin dirección. El levantamiento se ha extendido desafiando el toque de queda y la represión brutal de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Demuestra la profundidad insospechada alcanzado por el odio a los privilegios de una minoría que se atrinchera en las instituciones legadas por la dictadura.

La superación de la crisis no consiste solo en dejar sin efecto el alza del transporte público y en prometer algunas concesiones en materia de salud, previsión y educación, que por lo demás son imposibles de satisfacer en el marco de la camisa de fuerza constitucional que impone el modelo que instauró la dictadura.

Ese es, por cierto, el punto de origen de la crisis: la dictadura de las FF.AA. y del gran empresariado nacional y extranjero que destruyó el acervo democrático que hasta 1973 acumularon las luchas del pueblo.

Esta crisis social y política se viene incrementando desde 1990. El retorno a una democracia mediatizada y de justicia “en la medida de lo posible”, acumuló frustraciones que están a la base de la ira que se expresa en las calles.

El pueblo libró una lucha heroica de resistencia contra la tiranía. Sus partidos, sindicatos y organizaciones sociales se jugaron la vida para derrocar la dictadura y poner fin al terrorismo de estado. Sin embargo, maniobras entre bambalinas patrocinadas por el Departamento de Estado y el Vaticano, frustraron ese objetivo y solo permitieron una democracia de pacotilla.

Los partidos de la Concertación que habían prometido Asamblea Constituyente y el fin del modelo de economía de mercado, al llegar al Gobierno sólo hicieron zurcidos remendones a la Constitución ilegítima. Y acto seguido se convirtieron en escuderos del modelo impuesto a sangre y fuego por la oligarquía.

Ya es muy tarde para que partidos que han manejado el país durante estos años prometan desandar el camino de la traición. El miedo a ser borrados del mapa por la indignación del pueblo les lleva a prometer cambios que ni siquiera han intentado en treinta años.

La indignación por la desigualdad social se fue acumulando lentamente y aunque dio algunas señales en movilizaciones por educación, salud, salarios, previsión social, medio ambiente, derechos de las mujeres, pueblo mapuche, en la abstención electoral, etc., no fueron atendidas por los políticos atrincherados en La Moneda y el Congreso. La indignación del pueblo, sin canales democráticos para solucionar sus problemas, estalló con una furia que tomó por sorpresa a políticos de todos los colores y a autoridades de todos los niveles.

Es iluso pensar que el país pueda volver a la “normalidad” que imperaba hace una semana. Más bien este octubre puede pasar a la historia de Chile como una gran jornada de lucha popular. Sin embargo, sus resultados están aún por verse debido a la naturaleza espontánea y carente de dirección del levantamiento.

La vieja política con su carga de corrupción y demagogia tiene que ser sustituida por fuerzas políticas y sociales no comprometidas con el sistema.

No son migajas sociales las que pueden abrir un cauce para superar esta crisis. Chile necesita un cambio institucional profundo, requiere dar inicio a una nueva época regida por principios en que solidaridad e igualdad sean las reglas de oro de la convivencia ciudadana.

Se hace más urgente que nunca convocar a una Asamblea Constituyente, elegida por el pueblo, para elaborar una nueva Constitución Política que se apruebe en plebiscito libre y soberano.

Hay que actuar con energía para derribar las cortapisas legales que dificultan su convocatoria.

Se trata de un asunto de vida o muerte para la democracia. Si no se actúa de esta manera quedará libre el paso a una alternativa de extrema derecha. El levantamiento popular, que hoy apunta en un rumbo positivo demandando justicia social, puede frustrarse y convertirse en arcilla maleable del fascismo.

Estamos en el momento preciso de impedir una maniobra de ese tipo y de convertir esta insurrección popular en una gran victoria de la democracia.