En ese momento de emergencia, el mensaje fue claro: “te ayudamos, sin intereses”. Lo que no se dijo con igual claridad fue que el préstamo estaría reajustado por IPC, es decir, condicionado a una inflación que, por supuesto, nadie podía prever —pero que terminó siendo una de las más altas de los últimos tiempos. Lo que parecía un alivio inmediato se transformó, para muchas personas, en una carga silenciosa, acumulativa y ahora ineludible.
El truco fue simple: ofrecer un beneficio con rostro solidario, pero con letra chica técnica, fría e impersonal. En la práctica, el Estado actuó como banco, y las consecuencias han comenzado a notarse recién ahora, cuando la Tesorería empieza a exigir los pagos o descontarlos directamente de la devolución de impuestos. Lo que muchos no sabían —y otros simplemente no entendieron por el lenguaje técnico— es que este préstamo no era ni condonable ni flexible. Era una promesa de ayuda que, en realidad, se difería en el tiempo, y ahora cobra su precio.
La tragedia de fondo no es solo financiera. Es política, ética y social. Porque se vendió una solución solidaria, pero se trataba de un crédito fiscal encubierto, y hoy golpea con fuerza a quienes más lo necesitaban en medio de la crisis: trabajadoras independientes, personas que quedaron sin ingresos, emprendedores que se reinventaban con lo justo. Personas que confiaron en que, al ser un gobierno de derecha, se cuidaría la economía de las familias y de su comunidad microempresarial.
A la vista de esta realidad, y con todo lo que está pasando con el gobierno de Donald Trump y los aranceles, ¿en quién confiamos? ¿Realmente la derecha política —en el mundo y en nuestro país—entrega seguridad económica?
Hoy urge revisar esta situación. Urge que las autoridades actuales propongan soluciones: condonaciones, reparaciones justas o, al menos, un reconocimiento honesto del error. Porque cuando un gobierno, a través del Estado, ofrece ayuda en tiempos de crisis, no puede luego transformarse en el verdugo de quienes confiaron, y actualmente estén cobrando con intereses.
Y aquí es donde la pregunta es directa: ¿Va a responder Gabriel Boric o va a mirar hacia el lado? Si el gobierno actual no toma cartas en el asunto, será cómplice de esta injusticia. Y al no ofrecer alternativas reales, solo fomenta la informalidad: muchos tratarán de evadir el pago con trabajos sin boleta ni contrato, empujados nuevamente a la precariedad por una política mal diseñada.
¿A quién se endosa la responsabilidad? ¿A la derecha o a la izquierda chilena? Como siempre, cuando la aristocracia se equivoca, es la clase trabajadora la que paga las consecuencias, mientras quienes deciden siguen con sus sueldos asegurados.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias)
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